En la superficie, la matriz energética de la República Dominicana muestra signos de una transformación ambiciosa, con una capacidad instalada que ha crecido un 54 por ciento desde 2019, alcanzando los 7,568 megavatios. Sin embargo, detrás de las cifras de expansión se esconde una realidad estructural que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, ha expuesto como un diagnóstico crítico de ineficiencia, criminalidad y asfixia financiera.
En un extenso documento titulado «Acciones 2025 & Plan de Reducción de Pérdidas 2026», Marranzini desglosa lo que equivale a una denuncia sistémica: un sector donde casi el 41.4 por ciento de la energía comprada se pierde antes de llegar a las cajas registradoras. No se trata solo de fallas técnicas, sino de una cultura de irregularidad que drena los recursos del Estado.
El mapa del fraude y el «agujero negro» de Edeeste
La magnitud del robo de energía eléctrica es, quizás, el punto más alarmante del informe. Durante el periodo 2024-2025, las autoridades detectaron 181,128 fraudes en todo el sistema. El epicentro de esta crisis es Edeeste, la distribuidora que opera en la zona oriental y el este del país, donde se concentraron 124,123 de estas acciones ilegales, superando con creces a sus contrapartes Edenorte y Edesur.
Esta hemorragia de recursos no es solo responsabilidad de los usuarios individuales. Marranzini pone el foco sobre una deuda acumulada de los ayuntamientos que ha alcanzado niveles críticos: para 2025, la deuda de los municipios con las distribuidoras ascendió a los 19,201 millones de pesos dominicanos, una cifra que ha crecido de manera constante desde los 11,145 millones registrados en 2021.
La asfixia financiera y el costo del subsidio
El informe revela un sistema que sobrevive gracias a un soporte vital masivo del gobierno central. Solo en marzo de 2026, los aportes del Gobierno para cubrir el déficit y otros gastos ascendieron a 177.7 millones de dólares. A pesar de estos flujos, la deuda total del sistema se mantiene en 508.7 millones de dólares, de los cuales 133.2 millones corresponden a compromisos pendientes con los generadores privados.
El precio medio de compra de energía, situado en 16.1 centavos de dólar por kilovatio hora en marzo, sigue siendo un desafío para la rentabilidad de las distribuidoras, especialmente cuando el precio medio de venta apenas alcanza los 16.9 centavos en el mismo periodo.
Un plan de «rescate»
Frente a este escenario, la administración de Marranzini ha delineado una hoja de ruta para 2026 que busca «normalizar» el consumo mediante la fuerza de la inversión y la tecnología. El plan operativo contempla hitos ambiciosos:
- Infraestructura Crítica: La construcción de 22 nuevas subestaciones y la repotenciación de otras 52 en las tres distribuidoras para estabilizar el servicio.
- Ataque a las Pérdidas: Un objetivo de reducción de 3.0 puntos en Edesur, 2.5 en Edenorte y un agresivo 5.0 en Edeeste.
- Telemedición y Control: La meta es seguir ampliando la base de clientes telemedidos, que ya alcanzó los 1.67 millones en marzo de 2026, lo que permite un corte y reconexión remota y un monitoreo en tiempo real del consumo.
- Inversión Multilateral: El respaldo de organismos como el BID, el Banco Mundial y la CAF suma un financiamiento de 770 millones de dólares destinados a la rehabilitación de redes y la instalación de 250,000 puntos de alumbrado público eficiente y telecontrolado.
El peso del pasado y la apuesta por el futuro
La transición hacia una matriz más diversificada es el único rayo de luz en el informe. El país ha logrado que la energía solar pase de una capacidad de 188 megavatios en 2019 a una proyección de 1,669 megavatios para finales de 2026. Sin embargo, Marranzini es claro: de nada sirve generar energía más limpia y barata si el sistema de distribución sigue siendo un colador financiero.
El informe concluye con una recomendación implícita de rigor: la persecución del fraude eléctrico, en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), debe intensificarse. Para Marranzini, el éxito del plan no solo se medirá en kilovatios, sino en la capacidad de la sociedad dominicana de entender que la energía eléctrica es un bien que debe ser pagado por todos para que pueda ser garantizado para todos.
