Santo Domingo. El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros seis vinculados a la red criminal desmantelada mediante la Operación Cobra.
El magistrado acogió el pedimento del Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, quien enfatizó la gravedad de los hechos que involucran un desfalco de miles de millones de pesos en perjuicio del patrimonio público y la salud de los dominicanos.
Estructura criminal y procesados
La medida de coerción, impuesta originalmente en diciembre de 2025, fue confirmada para el grupo de principales imputados, integrado por:
- Santiago Marcelo F. Hazim Albainy
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Ada Ledesma Ubiera
- Ramón Alan Speakler Mateo
Camacho destacó que este es el quinto juez que valida la prisión preventiva como la medida «idónea y proporcional», rechazando nuevamente los alegatos de problemas de salud presentados por la defensa de Hazim Albainy.
Revelaciones: Un ataque por «varios frentes»
Al salir de la audiencia, Wilson Camacho reveló que la investigación ha determinado que el SeNaSa no fue víctima de una sola red, sino de un esquema de corrupción sistemático que operaba en múltiples niveles.
«El seguro estatal fue atacado por varios frentes y estafado por varias estructuras. Tuvimos una primera versión, vendrá una segunda y no descartamos una tercera», afirmó el titular de Persecución.
Camacho informó que para mañana viernes está programada la audiencia de coerción contra Ángel Luis Guzmán, quien presuntamente lidera una estructura paralela enfrentada a una de las líneas de investigación de la Operación Cobra. Además, adelantó la existencia de una tercera estructura criminal bajo investigación, de la cual no ofreció mayores detalles para no comprometer las pesquisas.
Cargos y daños al Estado
El Ministerio Público imputa a los procesados delitos graves que incluyen:
- Coalición de funcionarios y prevaricación.
- Asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
- Desfalco, falsificación y uso de documentos falsos.
- Lavado de activos.
Las evidencias recabadas señalan sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y la creación de «programas especiales» sin sustento jurídico utilizados para distraer fondos públicos. Según Camacho, pocos casos de corrupción administrativa han provocado un daño «tan palpable», golpeando directamente el corazón del sistema de salud nacional.
Próximos pasos procesales
El tribunal fijó la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción para el 30 de julio de 2026.
Cabe recordar que por este mismo caso también se procesa a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas de coerción menos gravosas, como arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
