SANTO DOMINGO.– En un movimiento que prioriza el clamor popular y el marco legal ambiental, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este lunes la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan.
La decisión se fundamenta en el compromiso del Poder Ejecutivo con la «escucha activa» y el respeto a la voluntad ciudadana, tras las constantes manifestaciones de preocupación por parte de los residentes de la región sur y diversos sectores sociales.
«Este Gobierno escucha»
Durante un mensaje dirigido a la nación, el mandatario fue enfático al señalar que la prudencia y la transparencia son los pilares de su gestión frente a temas de alto impacto social y ambiental.
«Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia», manifestó Abinader.
El respaldo legal: La Ley 64-00
El presidente aclaró que la inviabilidad del proyecto no es una decisión arbitraria, sino que responde estrictamente al cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según los reglamentos de dicha legislación, si un proyecto de esta categoría cuenta con un rechazo masivo por parte de la población, su continuidad no es jurídicamente viable.
Cronología y estado del proyecto
Para contextualizar la situación, el jefe de Estado recordó que el proyecto Romero no es una iniciativa de su periodo de gobierno, sino que arrastra un largo historial administrativo:
- 2005 y 2010: Otorgamiento y reiteración de concesiones de exploración.
- 2015 y 2018: Renovación y autorización de estudios técnicos para definir el alcance del proyecto.
- Gestión actual: El proyecto se encontraba estrictamente en una fase de evaluación ambiental.
Abinader fue categórico al desmentir rumores sobre permisos de operación: «No existe autorización alguna para su explotación». Con esta medida, el Gobierno busca cerrar un capítulo de incertidumbre en San Juan, reafirmando que la prioridad del Estado es la protección de los recursos naturales y el bienestar de su gente.
Esta medida representa un hito en la gestión de conflictos socio-ambientales en el país, subrayando que la licencia social es hoy un requisito tan indispensable como la técnica.
