En un contexto internacional marcado por la persistente crisis en Medio Oriente y el impacto del alza en los precios del petróleo, el Gobierno dominicano ha puesto en marcha una estrategia integral orientada a preservar la estabilidad macroeconómica del país y proteger el poder adquisitivo de la población.
El plan, encabezado por el presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña, incluye un proceso de austeridad y reorganización del gasto público que busca generar importantes eficiencias sin afectar las prioridades del Estado ni los compromisos ya establecidos.
Entre las medidas adoptadas se contempla la reducción de gastos operativos, la racionalización de contrataciones, viáticos, combustibles y publicidad, así como la disminución de transferencias a instituciones y partidos políticos, con el objetivo de redirigir recursos hacia áreas esenciales.
De manera paralela, el Gobierno refuerza sus programas sociales con la entrega de vehículos al Inespre para fortalecer la distribución de alimentos a precios accesibles en todo el país, acercando los productos de la canasta básica a las comunidades y reduciendo la intermediación.
Con este enfoque de doble vía, disciplina fiscal y fortalecimiento de la protección social, las autoridades buscan garantizar estabilidad económica, eficiencia en el uso de los recursos públicos y mayor acceso de la población a bienes esenciales en un entorno internacional desafiante.
