Diversas asociaciones y organizaciones sociales del Gran Santo Domingo hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que aplique la misma voluntad política mostrada en San Juan con el proyecto minero Romero y proceda a la detención definitiva de la planta de valorización de desechos en el distrito municipal de La Cuaba.
A través de un comunicado de prensa, las entidades manifestaron su respaldo a la decisión del mandatario de frenar la explotación minera en el sur del país, amparado en la Ley Ambiental 64-00 y la falta de aceptación social. Bajo ese mismo argumento, exigen que se actúe de igual forma ante lo que consideran la imposición de un vertedero que amenaza la salud y el ecosistema local.
Un frente unido contra el «vertedero»
Las organizaciones denuncian que, a pesar de presentarse como una planta de valorización, el proyecto en el paraje El Aguacate se convertirá en un vertedero convencional que afectará el desarrollo ecoturístico y los recursos hídricos de la zona.
Entre las entidades que suscriben el reclamo se encuentran:
- Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo.
- Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco).
- Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).
- Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode).
- Frentes y Comités de Desarrollo Comunitario.
“Esa misma decisión [la de la mina Romero] debería ser considerada para el no vertedero en el distrito municipal La Cuaba. Seguimos apoyando la jornada de lucha por el bienestar de 4 millones de ciudadanos que habitan en el Gran Santo Domingo”, dicta el comunicado.
Intensificación de las protestas
La tensión en La Cuaba ha escalado en los últimos días. Este martes, la comunidad cumplió una huelga general que paralizó las labores comerciales, el transporte y la docencia. Además, desde el pasado jueves, los comunitarios mantienen un campamento de protesta frente a los terrenos de 1,500 tareas donde se pretende levantar la obra, tras la movilización de maquinaria pesada al lugar.
Alegatos legales y ambientales
Los manifestantes sostienen que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Poder Ejecutivo están incurriendo en una violación a la Constitución de la República al avanzar con un proyecto que carece del visto bueno de la población afectada.
La férrea oposición se fundamenta en que la instalación de la planta en la calle principal de El Aguacate impactaría negativamente la flora y los afluentes de la zona, los cuales son vitales para el equilibrio hídrico de la región y el potencial económico basado en la naturaleza que los residentes han intentado preservar durante años.
