SANTO DOMINGO – En un fallo que marca un precedente importante en la lucha contra la sustracción de energía, el Noveno Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a Regino Martín Aza Ovalle, propietario de una empresa de venta de agua potable, tras ser hallado culpable de fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y la empresa Edeeste.
La Sentencia: Prisión y multas millonarias
La decisión judicial, impulsada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), establece las siguientes sanciones para el procesado:
- Pena de prisión: 3 años (bajo la modalidad de suspensión total, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta).
- Indemnización por energía: RD$13,226,649.90 a favor de Edeeste por consumo no facturado.
- Daños y perjuicios: RD$1,000,000.00 adicionales como reparación económica.
- Labor comunitaria: El condenado deberá realizar 50 horas de trabajo comunitario.
Para mantener la suspensión de la pena, Aza Ovalle deberá residir en un domicilio fijo, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y no portar armas de fuego. De incumplir estas condiciones, deberá cumplir la totalidad de la condena en un recinto penitenciario.
El esquema del fraude
Según la acusación presentada por el Ministerio Público —representado por las magistradas Carmen Díaz Amézquita, Ruth Rodríguez y Martha Rodríguez—, el fraude fue detectado durante un allanamiento realizado en febrero de 2024 en el negocio ubicado en la calle Respaldo María Montes.
La investigación técnica comprobó una infraestructura de sustracción de alta complejidad:
- Conexión de alta peligrosidad: El negocio utilizaba una línea directa en media tensión de 7,200 voltios.
- Infraestructura ilegal: Esta conexión energizaba de forma irregular siete transformadores de distribución (cuatro de 100 kva y tres de 167 kva) sin ninguna autorización ni registro de la distribuidora.
Un mensaje de tolerancia cero
Desde la sede central de la PGASE, los representantes legales enfatizaron que esta sentencia busca disuadir a otros comercios de incurrir en prácticas similares.
«Esta decisión envía un mensaje claro: el fraude eléctrico es un delito grave que conlleva consecuencias penales y económicas severas. Continuaremos trabajando para garantizar que la ley se aplique con todo su rigor», afirmaron los representantes del órgano persecutor.
Aza Ovalle fue hallado culpable de violar los artículos 125 (literal C) y 125-2 de la Ley General de Electricidad, modificada por la Ley 186-07, que tipifica y sanciona el fraude eléctrico en la República Dominicana.
