El reconocido jurista Julio Cury sostuvo que la extinción de la acción penal en el caso seguido contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, debería producirse de manera automática. Según el abogado, el proceso ha superado con creces el plazo máximo de duración establecido por la ley, sin que dicha demora pueda ser atribuida a tácticas dilatorias de la defensa.
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana (Z101), Cury explicó que el cómputo procesal de Guerrero inició en febrero de 2021, cuando fue citado por primera vez ante el Ministerio Público. Desde esa fecha, el reloj legal comenzó a correr sin que se lograra una resolución definitiva dentro de los términos permitidos.
“Hay una extinción de cajón. Guerrero nunca ha presentado un incidente a lo largo del proceso, lo que refuerza la improcedencia de atribuir a la defensa la dilación del expediente”, enfatizó el jurista.
El marco legal y la responsabilidad del Ministerio Público
Cury fundamentó su argumento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal Penal de 2025, los cuales estipulan:
- Duración máxima: 3 años para procesos ordinarios.
- Casos complejos: Prorrogable hasta un máximo de 4 años.
Bajo este marco, el abogado aseguró que en el caso del exministro, el plazo máximo de duración se cumplió hace aproximadamente dos años. En ese sentido, señaló que la responsabilidad del estancamiento recae exclusivamente en el órgano acusador.
“A quien hay que cuestionar es al Ministerio Público, que no ha sido capaz de llevar el proceso a término sin dejar vencer el plazo”, puntualizó, criticando que el Estado no sea capaz de sostener un proceso dentro de los límites de la ley.
Críticas a las «medidas arbitrarias» y la estrategia fiscal
El abogado también calificó como un exceso incompatible con el debido proceso el hecho de que Guerrero permaneciera más de dos años bajo restricciones y alertas migratorias (activas desde noviembre de 2020) sin que se presentara una acusación formal en su contra.
Finalmente, Cury lanzó una crítica estructural a la forma en que el Ministerio Público maneja los casos de corrupción administrativa. Afirmó que la construcción de expedientes «excesivamente voluminosos» que pretenden juzgar gestiones de gobierno completas, en lugar de conductas penales específicas, termina por hacer los casos inmanejables.
Según advirtió, esta estrategia no fortalece la persecución penal, sino que la debilita, acercando inevitablemente los casos a la extinción jurídica.
