Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) manifestó este viernes su profunda preocupación ante la intención de las autoridades gubernamentales de reducir el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el presente año 2026.
A través de un comunicado oficial, el órgano electoral advirtió que una nueva disminución en las partidas presupuestarias no solo contraviene la ley vigente, sino que pone en riesgo la columna vertebral del sistema político-electoral dominicano.
El conflicto legal: Ley vs. Presupuesto
El choque de criterios reside en la diferencia entre lo que establece la normativa electoral y lo consignado en el Presupuesto General del Estado:
- Lo que dicta la Ley 20-23: En años no electorales (como 2026), el Estado debe asignar el 0.25% de los ingresos nacionales a las organizaciones políticas.
- La realidad actual: La Ley de Presupuesto 99-25 ya contempla una reducción previa, asignando solo el 0.12%, es decir, menos de la mitad de lo que legalmente corresponde.
- La amenaza: La propuesta de un recorte adicional sobre ese 0.12% comprometería seriamente las operaciones de los partidos.
Impacto en el sistema democrático
La JCE enfatizó que los partidos ya han realizado su planificación financiera, operativa y logística basándose en la Resolución núm. 01-2026, emitida por el propio órgano el pasado 15 de enero. Un cambio en las reglas del juego a estas alturas afectaría:
- La seguridad jurídica: Rompe con la certidumbre de las leyes ya promulgadas.
- La equidad: Debilita la capacidad de las organizaciones para competir en igualdad de condiciones.
- La operatividad: Afecta el cumplimiento de obligaciones financieras y programas educativos.
«El sistema de partidos es un componente indispensable para la democracia. De materializarse esta reducción, se impactarían negativamente los principios de legalidad e integridad electoral», subrayó la institución.
Llamado al cumplimiento constitucional
Citando los artículos 211, 212 y 216 de la Constitución, la JCE recordó que es su deber velar por la transparencia y equidad en el uso del financiamiento. El órgano electoral hizo un llamado directo a las autoridades responsables de la elaboración del presupuesto para que actúen conforme al marco legal vigente.
La institución confía en que se respetarán las reglas preexistentes para garantizar la estabilidad del sistema democrático y el fortalecimiento de las organizaciones políticas como garantes del orden institucional en la República Dominicana.
