El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, alzó su voz contra lo que considera una práctica discriminatoria y violatoria de la Carta Magna por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al reducir la vigencia de la licencia de conducir a ciudadanos mayores de 65 años.
Bajo el contundente título “Barriendo la dignidad de los envejecientes”, el reconocido jurista relató su reciente experiencia personal al intentar renovar su documento de conducir. Según explicó, mientras el periodo ordinario de renovación es de cuatro años, se le informó que, por haber superado los 65 años, su licencia solo tendría una validez de dos años.
Una presunción de incapacidad
El magistrado detalló que la justificación recibida en la oficina del Intrant se basó en que, tras alcanzar dicha edad, «comienzan los achaques de salud que ponen en peligro el tránsito vehicular».
Para Vargas, este criterio no es solo una molestia administrativa, sino un golpe directo a la dignidad humana y una violación a los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho.
«La edad no debe operar, por sí sola, como una presunción administrativa de incapacidad. Cuando se discrimina por la edad, se barre la dignidad de los envejecientes», sentenció el juez.
El sustento constitucional
El magistrado fundamentó su denuncia en el artículo 39 de la Constitución Dominicana, el cual consagra el derecho a la igualdad y prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación, incluida la motivada por la edad.
Vargas recordó que el Tribunal Constitucional ha sostenido de forma reiterada que el Estado tiene un deber positivo de protección reforzada hacia las personas mayores, en lugar de imponer trabas que los segreguen.
- Violación de la Igualdad: La medida asume que cumplir 65 años automáticamente merma las capacidades físicas, sin una evaluación individualizada.
- Deber del Estado: El juez enfatizó que las instituciones deben abstenerse de emitir normativas que vulneren la autonomía de este grupo poblacional.
Un llamado a la reflexión
Aunque el magistrado aclaró que no sintió enojo personal, sí manifestó su frustración ante la persistencia de políticas que ignoran la jurisprudencia constitucional. La denuncia de Vargas pone sobre la mesa el debate sobre cómo las instituciones públicas manejan los derechos de los adultos mayores, quienes, lejos de ser protegidos, se enfrentan a barreras que cuestionan su capacidad de seguir integrados plenamente en la sociedad.
Hasta el momento, las autoridades del Intrant no han emitido una respuesta oficial ante las declaraciones del miembro de la alta corte.
