Santo Domingo. Bajo el pomposo nombre de la iniciativa “Escudo de las Américas”, el Gobierno dominicano ha formalizado un compromiso que, para muchos sectores críticos, coloca al país en una posición de vulnerabilidad soberana: la creación de un mecanismo de tránsito para extranjeros que buscan llegar a los Estados Unidos o ser repatriados desde suelo dominicano.
A través de un memorando de entendimiento de carácter «no vinculante» una etiqueta que suele diluir responsabilidades legales pero no operativas, la República Dominicana ha aceptado recibir de manera «temporal y excepcional» a nacionales de terceros países. Aunque el comunicado oficial se apresura a aclarar que el acuerdo excluye a nacionales haitianos y menores no acompañados, la decisión de convertir el territorio nacional en un centro de gestión migratoria externa ha encendido las alarmas sobre el rol que Washington está delegando en el país.
El costo de la «asistencia» estadounidense
El acuerdo establece que el Gobierno de los Estados Unidos proporcionará el respaldo financiero y operativo para asegurar la permanencia de estos extranjeros. Esta dependencia económica plantea una interrogante ética y política: ¿Hasta qué punto mantiene la República Dominicana el control de sus fronteras si la logística y el financiamiento de quienes ingresan dependen de una potencia extranjera?
Pese a que el Gobierno asegura que esto no altera la política migratoria vigente, la implementación de un centro de tránsito —aunque sea bajo la modalidad de «caso por caso»— supone una modificación fáctica de la gestión fronteriza, asumiendo riesgos sociales y de seguridad que otros países de la región han rechazado anteriormente para no convertirse en los «terceros países seguros» de facto para la agenda de Washington.
Geopolítica a cambio de tecnología: El «quid pro quo»
La cooperación no llega de forma gratuita. El anuncio viene acompañado de una serie de concesiones y alineamientos geopolíticos profundos:
- Extensión de sobrevuelo: El país ha concedido una prórroga para que aeronaves y personal militar de EE. UU. utilicen instalaciones nacionales para labores de vigilancia.
- Alineamiento en Medio Oriente: En un movimiento que parece responder más a exigencias de política exterior estadounidense que a amenazas directas en el Caribe, el Gobierno dominicano emitió un decreto designando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como organizaciones terroristas.
- Biometría y control: El intercambio por estas medidas será la implementación de nuevas capacidades tecnológicas y biométricas en los aeropuertos, una «modernización» que, bajo la lupa crítica, también facilita a los Estados Unidos el acceso a datos sensibles de quienes transitan por la isla.
¿Fortalecimiento o dependencia?
Mientras el Gobierno promociona estos acuerdos como un avance en la «competitividad y el turismo», queda en el aire la duda sobre si la República Dominicana está fortaleciendo sus instituciones o si simplemente está cediendo espacio operativo a cambio de asistencia técnica y legitimidad política frente a la administración estadounidense.
El hecho de que el memorando sea «no vinculante» permite al Gobierno dominicano una salida retórica si el flujo de extranjeros se sale de control, pero en la práctica, la infraestructura y el personal estadounidense que operará en el país bajo el «Escudo de las Américas» establecen una presencia difícil de revertir. La pregunta que queda por responder es qué sucederá cuando las «excepciones» se conviertan en la norma y el territorio nacional pase de ser un destino turístico a una estación de procesamiento migratorio bajo supervisión extranjera.
