La tensión dentro del sistema judicial dominicano continúa aumentando luego de que jueces y juezas de distintas jurisdicciones anunciaran un paro nacional pacífico pautado para el próximo 21 de mayo, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales más dignas.
Ante el creciente conflicto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Henry Molina, convocó de urgencia a los miembros del organismo para abordar la situación y analizar las demandas presentadas por los magistrados.
La convocatoria a huelga ha generado preocupación debido al impacto que podría tener sobre el funcionamiento de los tribunales y los procesos judiciales en todo el país. Los jueces aseguran que enfrentan una alta carga laboral, falta de personal de apoyo y salarios que, según afirman, no corresponden con el nivel de responsabilidad que manejan diariamente.
Entre las principales exigencias también figura la revisión del sistema de ascensos y movilidad dentro del Poder Judicial, el cual consideran injusto y poco transparente. Además, reclaman mejores condiciones físicas en los tribunales y una mayor equidad institucional.
El movimiento ha tomado fuerza en redes sociales y dentro de sectores de la judicatura, aunque también ha generado divisiones internas. Recientemente, decenas de jueces renunciaron a una asociación vinculada al gremio alegando desacuerdos con el manejo de la situación y la convocatoria al paro.
La posible paralización del sistema judicial ocurre en un momento sensible para el país, donde múltiples procesos y casos importantes dependen del funcionamiento normal de los tribunales.
Hasta el momento, el Consejo del Poder Judicial no ha anunciado públicamente cuáles medidas podrían adoptarse para evitar la huelga, mientras crece la expectativa sobre posibles negociaciones entre las autoridades y los magistrados convocantes.
