El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables a tres personas vinculadas a una estructura fraudulenta que utilizó documentos falsificados y maniobras comerciales ilegales para apropiarse de la empresa Costa Dorada S.A. y de más de 6.3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros en Sabana Buey, provincia Peravia.
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, dictó las siguientes penas de prisión por los delitos de asociación de malhechores y uso de documentos falsos:
- Rafael Olegario Helena Regalado: 6 años de prisión.
- Ailec Paloma Soto Garabito: 4 años de prisión.
- Judith Franchesca Aguasvivas Báez: 3 años de prisión.
Además del aspecto penal, el tribunal condenó de manera conjunta y solidaria a los imputados y a la razón social Global Multi Business Corporation al pago de una indemnización civil de RD$100 millones a favor de las empresas afectadas (Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., S.R.L.; Grand Cays Corporation; y Okra Company LTD.), propiedad de las familias Mayol y Serrano.
El Modus Operandi: Falsificación y una «transformación» fantasma
De acuerdo con la motivación de la sentencia, quedó demostrado que los hoy condenados crearon una estructura societaria distinta a la original mediante la falsificación de cientos de documentos.
El dato clave: El fraude incluyó la utilización de la identidad de una persona fallecida en el año 2010 (Luis Américo Minervino), quien figuraba realizando transferencias de acciones años después de su muerte.
Los propietarios legítimos descubrieron la estafa al acudir a la Cámara de Comercio y notar que Costa Dorada S.A. había sido transformada ilícitamente en Costa Dorada S.R.L. por terceras personas totalmente ajenas a las familias afectadas. Tres experticias caligráficas emitidas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INASIF) resultaron contundentes para demostrar la falsedad de las firmas.
Un proceso marcado por tácticas dilatorias
La decisión judicial pone fin a un litigio que inició en el año 2013 y que se extendió por más de una década, abarcando alrededor de 54 audiencias.
Las juezas señalaron que el proceso estuvo plagado de recusaciones e inhibiciones constantes, conductas que el tribunal interpretó como estrategias orientadas a evadir la justicia. Asimismo, el tribunal recordó que se recurrió a la «tolerancia procesal» para garantizar el debido proceso, llegando incluso en una ocasión a ordenar el arresto de Helena Regalado por inconductas e irrespeto dentro de la sala de audiencias.
Próximos pasos
- Rechazo de personería: El tribunal rechazó reconocer como víctima a Costa Dorada S.R.L., determinando que dicha entidad nació de la falsificación denunciada.
- Lectura íntegra: La lectura completa de la sentencia ha sido fijada para el próximo 10 de junio de 2026 a las 9:00 de la mañana.
Con este fallo, el Ministerio Público, representado por la magistrada Magaly Sánchez, destacó que se envía una señal clara para la preservación de la seguridad jurídica y la protección de la inversión privada en la República Dominicana.
