El gobierno del presidente Donald Trump anunció un cambio en la política migratoria que exige a muchos extranjeros solicitar la residencia permanente (“green card”) desde sus países de origen, en lugar de hacerlo dentro de Estados Unidos. La medida, comunicada por el USCIS, ha generado confusión, preocupación y posibles retrasos en miles de casos.
Durante décadas, personas con estatus legal —incluyendo trabajadores, estudiantes, refugiados o cónyuges de ciudadanos estadounidenses— podían ajustar su estatus sin salir del país. Sin embargo, la nueva directriz establece que quienes estén en EE.UU. de forma temporal deberán regresar a su país para completar el proceso, salvo excepciones no claramente definidas.
Abogados de inmigración advierten que la medida podría ralentizar solicitudes y desincentivar a empresas y solicitantes. Algunos expertos consideran que se trata de una estrategia para limitar la inmigración legal mediante presión e incertidumbre. También anticipan posibles demandas contra la política.
El anuncio ha sido criticado por su ambigüedad. Aunque el USCIS menciona excepciones por “interés nacional” o “beneficio económico”, no ha detallado criterios claros. Documentos internos sugieren que funcionarios aplicarán reglas más estrictas, pero sin eliminar completamente el ajuste de estatus en ciertos casos.
Especialistas señalan que algunos grupos podrían no verse tan afectados, como trabajadores con visas de “doble intención” (por ejemplo, H-1B), que permiten solicitar residencia sin abandonar el país. También existe expectativa de que refugiados queden exentos, ya que regresar a sus países representaría un riesgo.
En cambio, personas que excedieron el tiempo de sus visas o que están bajo permisos humanitarios podrían enfrentar mayores obstáculos. Incluso, solicitantes recientes han reportado nuevas preguntas durante entrevistas, como justificar por qué no realizaron el trámite desde su país de origen o demostrar que no serán una carga pública.
Ante este panorama, abogados recomiendan cautela mientras se aclaran los detalles y la aplicación real de la medida. La falta de precisión obliga a evaluar cada caso de forma individual, generando un efecto paralizante tanto en inmigrantes como en empleadores.
En conjunto, esta política representa un cambio significativo en el sistema migratorio estadounidense, ampliando el enfoque restrictivo del gobierno más allá de la inmigración ilegal hacia los canales legales, con impactos aún inciertos.
