El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público recurrirá la decisión judicial que otorgó un auto de no ha lugar a varios de los implicados en el denominado caso de corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios del pasado gobierno.
Entre los favorecidos con la decisión figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, así como otros imputados vinculados al expediente.
Al ofrecer declaraciones tras concluir la audiencia, Camacho manifestó su desacuerdo con el fallo emitido por la jueza Altagracia Ramírez, al considerar que hubo una incorrecta valoración de las evidencias presentadas por el órgano acusador.
El procurador adjunto aseguró que varios testimonios considerados relevantes para sustentar la acusación no fueron tomados en cuenta en la resolución. Citó los casos de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, cuyos testimonios fueron presentados durante el proceso.
Asimismo, cuestionó algunos aspectos de la decisión judicial y señaló que existen contradicciones en la forma en que fueron apreciadas determinadas pruebas dentro del expediente.
Camacho destacó que, pese al no ha lugar otorgado a algunos acusados, el tribunal sí acogió parte importante de la acusación al ordenar la apertura a juicio de fondo contra decenas de personas físicas y jurídicas, entre ellas el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward.
Indicó que de los 40 imputados que permanecían en esta fase del proceso, 35 deberán enfrentar un juicio de fondo, lo que calificó como un paso significativo en la investigación. No obstante, reiteró que la posición del Ministerio Público es que todos los involucrados debieron ser enviados a juicio.
La jueza Altagracia Ramírez emitió auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias. En contraste, dispuso la apertura a juicio contra Donald Guerrero, Ángel Lockward y otros acusados señalados por el Ministerio Público.
