La insuficiencia de pruebas ha sido el denominador común en las decisiones judiciales que, desde 2021, han favorecido a un total de 19 imputados en tres de los cuatro grandes casos de corrupción presentados por el Ministerio Público contra exfuncionarios y allegados a la gestión del expresidente Danilo Medina. Así lo revela un análisis publicado por el periódico Diario Libre, autoría del periodista Balbiery Rosario, el cual evidencia cómo los tribunales han descargado, dictado autos de no ha lugar o excluido a personas de estos procesos al concluir que las evidencias del órgano acusador no bastan para sostener los cargos o abrir un juicio de fondo.
De acuerdo con el reporte, estos fallos se concentran en los expedientes vinculados a Alexis Medina Sánchez, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero Ortiz. Hasta el momento, el único proceso que no registra decisiones de esta naturaleza es el seguido contra el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el cual todavía no cuenta con una sentencia definitiva.
El revés judicial más reciente
El caso más reciente documentado en la crónica judicial ocurrió a finales de la semana pasada. La jueza Altagracia Ramírez dictó autos de no ha lugar a favor de cinco implicados, entre los que destacan el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. La medida también benefició a Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias.
Las razones del tribunal penal para este caso específico incluyeron:
- Falta de nexo en la campaña electoral: Respecto a Gonzalo Castillo, la magistrada determinó que el Ministerio Público no logró establecer una conexión entre los supuestos fondos ilícitos de la red criminal y los recursos utilizados en su campaña presidencial de 2020.
- Deficiencia probatoria en donaciones: La resolución judicial indica que el órgano persecutor no pudo demostrar con suficiente sustento la relación de dichos fondos con los depósitos o donaciones recibidos, ni logró diferenciarlos de los aportes obtenidos de manera lícita.
- Desvinculación de fondos: En cuanto a José Ramón Peralta, la jueza concluyó que la acusación carecía del nivel de sustento requerido, pues no se presentaron pruebas concretas que lo vincularan con la movilización del dinero investigado.
Descargos masivos en el caso de Alexis Medina
El patrón de insuficiencia probatoria también marcó el proceso operativo cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó el descargo de 13 de los acusados en este expediente.
Entre los beneficiados por esta decisión judicial figuran Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del principal encartado. Aunque las juezas del tribunal validaron la existencia de irregularidades administrativas y contrataciones cuestionadas, sentenciaron que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal por los delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En el caso específico de Fernando Rosa, se determinó que no había evidencias de que ejerciera influencia o presión para favorecer a las empresas del entramado.
Exclusiones ratificadas por la Suprema Corte
El expediente que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, también registra bajas en su lista de procesados. En junio de 2024, el juez Amauri Martínez dictó un auto de no ha lugar en favor de la imputada Sara María Fernández.
El magistrado determinó que los elementos presentados por los fiscales no justificaban la apertura de un juicio de fondo en su contra, disponiendo formalmente su exclusión, una medida que posteriormente fue ratificada de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia.
Un patrón técnico, no una declaración de inocencia
Análisis del impacto judicial: El informe de Diario Libre subraya que, aunque las decisiones corresponden a procesos distintos y se han dictado en diferentes etapas procesales, las resoluciones comparten un criterio unificado: los jueces entendieron que las pruebas del Ministerio Público no alcanzaban para enviar a los imputados a juicio o para establecer una responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Finalmente, el periodista Balbiery Rosario aclara en su reporte que estas decisiones no implican necesariamente que los hechos bajo investigación no hayan ocurrido en la realidad, sino que reflejan estrictamente que los tribunales consideraron que las pruebas presentadas por el órgano persecutor no fueron capaces de demostrarlos jurídicamente.
