El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este lunes la apertura de juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 80 personas heridas.
Tras analizar las pruebas y argumentos presentados durante la audiencia preliminar, el magistrado concluyó que existen elementos suficientes para que ambos imputados respondan ante un tribunal de juicio por los hechos que se les atribuyen.
Tribunal mantiene acusación por homicidio involuntario
Durante la lectura de la decisión, el juez explicó que la conducta atribuida a los imputados debe ser debatida bajo la figura de homicidio culposo o imprudente, rechazando así la solicitud de algunos representantes de víctimas que procuraban que el caso fuera conocido como un homicidio voluntario.
La decisión significa que será en el juicio de fondo donde se determinarán las responsabilidades penales derivadas del colapso ocurrido en el establecimiento de entretenimiento.
Estado queda fuera del proceso penal
En su resolución, el magistrado dispuso además la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales que habían sido señaladas como civilmente responsables.
El juez argumentó que la jurisdicción penal no tiene competencia para conocer reclamaciones patrimoniales contra el Estado, precisando que cualquier demanda relacionada con responsabilidad administrativa debe ser presentada ante el Tribunal Superior Administrativo, conforme a lo establecido en la Ley 107-13.
Ratifican libertad de los imputados
La decisión también mantuvo las medidas de coerción impuestas previamente a Antonio y Maribel Espaillat, quienes continuarán el proceso en libertad.
El magistrado sostuvo que la Constitución establece la libertad como regla general y la prisión preventiva como una medida excepcional. Señaló además que los imputados han mostrado arraigo, comparecencia voluntaria y disposición de enfrentar el proceso judicial, por lo que no existen fundamentos legales para imponer medidas más severas.
Bienes seguirán bajo medidas conservatorias
Aunque rechazó endurecer las medidas personales contra los procesados, el tribunal validó las medidas de coerción reales adoptadas sobre bienes y propiedades vinculadas a los imputados.
Estas disposiciones buscan garantizar eventuales indemnizaciones a favor de las víctimas y de las personas constituidas en actores civiles dentro del proceso.
Pruebas fueron admitidas
El juez también declaró admisibles las pruebas documentales, materiales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público, al considerar que fueron obtenidas conforme a la ley y cumplen con los requisitos de pertinencia, utilidad y relevancia exigidos por el Código Procesal Penal.
Asimismo, estableció que las evidencias fueron incorporadas respetando las garantías constitucionales y los procedimientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia, por lo que podrán ser debatidas durante el juicio de fondo.
Con esta decisión, el caso entra en una nueva etapa procesal en la que las partes presentarán formalmente sus pruebas y argumentos ante un tribunal que deberá determinar las responsabilidades definitivas por una de las tragedias más impactantes de la historia reciente del país.
