El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, aseguró que el órgano persecutor procurará la pena máxima contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara auto de apertura a juicio por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
Al ser abordado por la prensa tras el fallo del juez Raymundo Mejía Ortiz, Camacho calificó la decisión como ajustada al derecho y destacó que el tribunal acogió de manera total la acusación formal por violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, correspondientes a homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. A la acusación estatal se adhirieron 42 de los 54 querellantes del proceso.
Declaraciones sobre los peritajes y el proceso
Respecto a los elementos probatorios que se debatirán en el juicio de fondo, Camacho se refirió al informe técnico presentado por la defensa de los imputados:
«A nosotros no nos preocupa ese peritaje, porque ese peritaje igual dice que hubo negligencia y que hubo imprudencia, y eso es lo que ha imputado el Ministerio Público. Ambos peritajes dicen que la culpa de que se produjera el colapso del Jet Set fue de ambos acusados», afirmó el magistrado.
El procurador adjunto recordó que desde el inicio de las indagatorias se ordenó una auditoría técnica con la participación de un perito internacional para reconstruir los hechos. El derrumbe del establecimiento, ubicado en la avenida Independencia del sector El Portal, causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
Medidas cautelares y retención de activos
El tribunal admitió la totalidad de las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales del Ministerio Público, y ratificó las medidas de coerción personales vigentes contra los hermanos Espaillat. Asimismo, ordenó una medida de carácter real por un monto millonario.
| Tipo de Medida | Detalle de la Disposición Judicial |
|---|---|
| Garantía económica | RD$50 millones en efectivo para cada uno de los imputados. |
| Restricciones de movilidad | Impedimento de salida del país y presentación periódica obligatoria. |
| Medida de coerción real | Embargo conservatorio e inscripción de hipoteca judicial por RD$500 millones. |
De acuerdo con Camacho, la inmovilización de los 500 millones de pesos (equivalente al duplo de la suma principal) busca garantizar que las víctimas directas y sus familiares puedan ser resarcidos económicamente conforme avance el proceso judicial.
Entidades y terceros civilmente demandados
La decisión del juez Raymundo Mejía Ortiz incluyó la admisión en calidad de terceros civilmente demandados a las siguientes personas físicas y morales:
- Evelyn Espaillat
- Ana Grecia López
- Difusora Hemisferio, S.R.L.
- Inversiones CCEP-2, S.A.
La orden de embargo y la inscripción de hipoteca judicial autorizada por el tribunal afecta tanto a los bienes muebles de los imputados individuales como a los activos y valores de las empresas Inversiones E y L, S.R.L., Radiocadena Comercial, S.R.L., Difusora Hemisferio, S.R.L. e Inversiones CCEP-2, S.A. Todos los escritos y pruebas de estas entidades serán remitidos al tribunal de fondo junto con la acusación principal.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por Camacho junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel, Miguel Collado y Magali Sánchez.
