El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como «históricas» las recientes sentencias condenatorias en el caso Coral y Coral 5G, reafirmando el compromiso del órgano acusador con la profesionalización de la investigación penal. En una amplia entrevista concedida al programa El Día, el magistrado sostuvo que los resultados obtenidos son producto de un trabajo técnico riguroso y no de motivaciones políticas, como señalan algunos sectores.
Un hito en la persecución de la corrupción
Al referirse a la condena de 20 años dictada contra los principales implicados en la red de corrupción que operaba dentro del estamento militar, Camacho destacó que el Ministerio Público ha logrado romper la impunidad histórica.
«Esta decisión es una decisión histórica en materia de lucha contra la corrupción en República Dominicana. Creo que solo un caso había sucedido que existiera una condena de 20 años hace ya mucho tiempo, pero en un caso de esta magnitud, sobre todo en el tema de una estructura que funcionaba dentro del ejército, eso no había sucedido», afirmó el procurador adjunto.
El magistrado explicó que la solidez de las acusaciones ha obligado a las defensas a buscar salidas procesales como la «extinción de la acción penal» por plazos razonables, estrategia que ha sido rechazada reiteradamente por los tribunales.
«La lucha no es política, es jurídica»
Ante las críticas que tildan de selectivo al Ministerio Público y de parcializado al procesar a figuras vinculadas a administraciones pasadas, Camacho fue enfático al diferenciar la persecución política de la persecución a políticos.
- El criterio de la prueba: «Para uno saber si una persona está siendo perseguida por sus ideas políticas o por la comisión de un hecho ilícito, lo que tiene que hacer es revisar si hay pruebas. Si hay pruebas, la discusión está cerrada», señaló.
- El volumen de evidencias: Reconoció que el Ministerio Público presenta una cantidad masiva de pruebas para asegurar que el debate en los tribunales se centre en la calidad y fuerza vinculante de las mismas, eliminando la vieja práctica de presentar expedientes «débiles» que facilitaban la impunidad.
Acuerdos y recuperación de activos
Respecto a los acuerdos de oportunidad, Camacho defendió su uso como una herramienta indispensable para desarticular el crimen organizado, argumentando que sin la cooperación interna es imposible probar actos de corrupción cometidos en secreto.
Sobre el caso de los 2,100 millones de pesos recuperados tras acuerdos con imputados en el caso del Ministerio de Hacienda, el director de Persecución subrayó que el dinero ha sido devuelto al Estado de manera inmediata. Asimismo, recordó que los acuerdos están disponibles para el escrutinio público en el portal institucional, garantizando la transparencia del proceso.
Casos abiertos y desafíos institucionales
En relación con otros casos de gran impacto, como el del exprocurador Jean Alain Rodríguez, el magistrado reiteró que la defensa ha utilizado incidentes repetitivos para dilatar el juicio, aunque expresó confianza en que el proceso avanzará tras las últimas decisiones judiciales.
Sobre la estructura fraudulenta detectada en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y específicamente en el oncológico de Santiago, el magistrado calificó las prácticas como «extraordinariamente graves», detallando cómo se fraccionaban medicamentos y se realizaban cobros irregulares, afectando directamente a pacientes vulnerables.
Hacia la institucionalización
Al cierre de la conversación, Camacho compartió su visión sobre el legado que busca dejar en el sistema de justicia dominicano:
- Institucionalización total: Lograr un Ministerio Público que no dependa de voluntades personales y que sea inmune a los vaivenes políticos.
- Tecnificación: Consolidar una investigación basada en evidencia científica que reduzca la impunidad.
- Protección al fiscal: Abogó por un fortalecimiento institucional que garantice que los representantes del Ministerio Público no sean perseguidos ni amedrentados por cumplir con su deber, citando como ejemplo negativo las presiones que ha enfrentado la magistrada Mirna Ortiz.
El funcionario concluyó resaltando que, aunque el presupuesto actual del Ministerio Público es insuficiente según lo establecido por la ley, la gestión actual continúa trabajando para dignificar la labor fiscal y dotar a la institución de los recursos necesarios para enfrentar la criminalidad compleja.
