El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reveló que desde el año 2020 a la fecha el órgano persecutor ha ejecutado 36 operaciones contra el crimen organizado y la corrupción administrativa. De este total, 11 corresponden estrictamente a expedientes de corrupción, logrando hasta el momento 95 sentencias condenatorias concentradas en apenas cuatro de los casos principales.
Durante la entrevista central del programa matutino El Día, conducido por las periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps, Camacho ponderó el avance en la persecución penal impulsado por la actual gestión que encabeza la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El desglose de las 95 condenas
Al hacer un balance de los primeros cuatro grandes expedientes de corrupción administrativa presentados por su gestión, el magistrado Camacho detalló el estado de las sentencias y los pactos judiciales alcanzados:
- Juan Alexis Medina y compartes (Operación Antipulpo): Suma 29 personas condenadas, incluyendo al principal imputado, sentenciado a 7 años de prisión.
- Operación 13 (Lotería Nacional): Registra 8 personas condenadas tras comprobarse el fraude en los sorteos.
- Operación Coral: Cuenta con 29 condenas en total, desglosadas en 22 personas físicas y 7 entidades jurídicas.
- Caso Medusa (Jean Alain Rodríguez): Aunque el proceso principal se encuentra actualmente en fase de juicio de fondo, el Ministerio Público logró concertar acuerdos condenatorios con 29 personas durante la etapa preliminar (de un universo inicial de 64 acusados).
“El dato curioso es que, si sumamos estos tres grandes casos con 29 personas condenadas en cada uno, y el caso de la Lotería con ocho personas condenadas, solo en cuatro operaciones nosotros tenemos 95 condenas”, resaltó Camacho.
Caso Coral: «Una decisión histórica»
El director de Persecución calificó el reciente fallo condenatorio de las operaciones Coral y Coral 5G como un hito sin precedentes en el sistema de justicia penal dominicano, debido a la jerarquía de los implicados y el desmantelamiento de una red corrupta enquistada en los cuerpos castrenses.
“Creo que solo un caso había sucedido que existiera una condena de 20 años, hace ya mucho tiempo, y en otras circunstancias; pero en un caso de corrupción de esa magnitud, sobre todo, en el tema de una estructura que funcionaba dentro del Ejército, eso no había sucedido en República Dominicana”.
Camacho puntualizó que la sentencia de 20 años recayó con severidad sobre los dos gestores institucionales del entramado: el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), general Adán Cáceres, y el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou. La misma pena máxima fue dictada contra el teniente coronel Rafael Núñez de Aza, considerado por los fiscales como el cerebro financiero de la red.
La extinción de la acción penal como «única salida»
Frente a los constantes reclamos de las defensas técnicas que solicitaban el archivo de los expedientes alegando el vencimiento de los plazos procesales, Camacho afirmó de manera directa que estas peticiones evidencian la incapacidad de los acusados para desmantelar el bloque probatorio del Estado.
“El argumento de la extinción parece ser la única salida que han encontrado algunos acusados y algunas defensas para poder escapar de la cantidad y la calidad de las pruebas que ha aportado el Ministerio Público. Saben que, de enfrentarse a las pruebas, difícilmente puedan obtener ganancia de causa”.
El procurador adjunto explicó que el tribunal del caso Coral rechazó estos incidentes basándose en las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal en diciembre de 2025. Dicha reforma legislativa integró criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la evaluación del plazo razonable, determinando que este análisis no responde a un simple conteo matemático de días, sino a la complejidad del litigio.
Para ilustrar las dimensiones del caso Coral, Camacho recordó que la fase de debates se extendió por un año, 9 meses y 20 días. En este lapso, el Ministerio Público aportó más de 400 testigos (de los cuales se escucharon 298), mientras que solo una de las defensas técnicas presentó un volumen superior a los 8,000 documentos.
Un estándar unificado de litigación
Finalmente, el magistrado enfatizó que el debate judicial en el país ha cambiado radicalmente de enfoque gracias al rigor de las indagaciones financieras actuales. “Ahora lo que discutimos es la cantidad de pruebas, o sea, ya nadie dice: ‘el caso se presentó en los tribunales y se presentó sin pruebas’”, argumentó.
Por último, con relación al lento avance que experimenta el juicio seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, Camacho reiteró que dicho imputado es el procesado que más recursos y tácticas ha desplegado en los tribunales con el único fin de dilatar las audiencias, buscando de igual forma la caducidad del proceso ante la imposibilidad técnica de rebatir las evidencias recolectadas en su contra.
