SANTIAGO. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, presidida por la jueza Yiberty Polanco, dictó un año de prisión preventiva contra los cinco presuntos cabecillas de una red criminal dedicada a la extorsión, chantaje y estafa de ciudadanos residentes en los Estados Unidos. El tribunal también declaró el proceso de tramitación compleja.
La organización fue desmantelada el pasado 2 de junio durante la denominada Operación XL526, bajo la imputación de delitos de alta tecnología, lavado de activos, asociación de malhechores y otras infracciones legales.
Medidas de coerción y procesados
El tribunal distribuyó las medidas cautelares entre los diez implicados presentados por el Ministerio Público de la siguiente manera:
- Prisión preventiva (un año): Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, señalados como los líderes de la estructura.
- Otras medidas de coerción: Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario. A este grupo se le impuso una garantía económica de 800 mil pesos a través de una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Modus operandi e investigación
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, la red operaba desde el municipio de Jacagua, en la provincia de Santiago, y contaba con al menos 18 víctimas identificadas hasta la fecha.
- Captación y extorsión: Los integrantes utilizaban anuncios publicitarios en plataformas digitales para captar a las víctimas. Posteriormente, aprovechando su dominio del idioma inglés, las sometían a un guión de extorsión.
- Intimidación: Los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, específicamente del «Cartel de Sinaloa», y enviaban imágenes de contenido violento para coaccionar a los afectados a entregar dinero.
- Blanqueo de capitales: Los fondos obtenidos ilícitamente se canalizaban y ocultaban mediante transacciones en criptomonedas (como Bitcoin), transferencias electrónicas, operaciones espejo y depósitos en empresas remesadoras.
Además de los delitos cibernéticos y financieros, los imputados están vinculados a la distribución de sustancias controladas y al uso ilegal de armas de fuego.
Detalles del despliegue operativo
La solicitud de complejidad del caso fue sustentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, debido a la pluralidad de imputados, la cantidad de víctimas y la necesidad de profundizar en las investigaciones de lavado de activos, conforme al Código Procesal Penal Dominicano.
El equipo del Ministerio Público estuvo integrado por la procuradora general de corte y titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Abreu; Joanna García, de la Dirección General de Persecución; así como Elvin Ventura y Lía Collado, encargados de las áreas de Casos Complejos y Delitos Cibernéticos de dicha jurisdicción.
La Operación XL526 conllevó la realización de 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, ejecutados por un contingente de 35 fiscales. Las acciones operativas contaron con el soporte de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, las oficinas de HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
