MADRID. – Un tribunal español dispuso que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada ante un jurado popular por presuntos delitos de corrupción, según una resolución judicial publicada este sábado. El magistrado a cargo de la causa dictó asimismo una serie de medidas cautelares que restringen la movilidad de la investigada.
El juez de instrucción Juan Carlos Peinado ordenó a Gómez la entrega inmediata de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligatoriedad de comparecer quincenalmente ante la sede judicial hasta que se dicte un veredicto definitivo en el caso.
Adopción de medidas cautelares
La decisión del tribunal se produce tras una comparecencia celebrada el pasado lunes, en la cual el magistrado citó a las tres personas investigadas en la causa. Durante la jornada jurídica se desarrollaron los siguientes puntos procesales:
- Oposición de la defensa: Los representantes legales de los investigados expusieron los argumentos técnicos por los cuales rechazaban la apertura del juicio oral.
- Solicitud de las acusaciones: Las acusaciones populares requirieron formalmente la aplicación de las medidas restrictivas (retirada de pasaporte, impedimento de salida de España y control judicial cada 15 días), peticiones que fueron validadas y otorgadas por el juez en la resolución.
Delitos imputados y antecedentes
La resolución de enviar a Gómez a juicio con jurado popular ocurre dos meses después de que el juez Peinado acordara su procesamiento formal. El expediente judicial contempla cargos por la presunta comisión de cuatro delitos:
- Tráfico de influencias.
- Corrupción en los negocios.
- Apropiación indebida.
- Malversación de caudales públicos.
Entorno de la sede judicial
Durante el desarrollo de las diligencias en el tribunal situado en la Plaza de Castilla, en Madrid, una decena de personas se congregó en las puertas de la institución portando pancartas y emitiendo proclamas en contra del presidente del Gobierno y de su cónyuge. Begoña Gómez ingresó y abandonó las instalaciones subterráneas de la sede judicial a través del garaje del edificio.
