LA VEGA.– En un hito para el sistema jurídico nacional, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega dictó la primera sentencia de extinción de dominio en la República Dominicana. Con esta decisión, tres vehículos incautados por contrabando pasan oficialmente a ser propiedad del Estado.
La histórica resolución se logra tras la entrada en vigencia de la Ley 340-22 y la posterior creación de la Unidad de Extinción de Dominio por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, órgano presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Los bienes decomisados
El Ministerio Público, representado por su Unidad de Extinción de Dominio en conjunto con la Procuraduría Regional de La Vega, demostró fehacientemente en los tribunales que los bienes retenidos eran utilizados como herramientas logísticas para el transporte de mercancías ilícitas.
La sentencia ordena la entrega definitiva al Estado dominicano de los siguientes vehículos:
- Camión marca Mack, modelo MS300P, año de fabricación 1996 (color azul y blanco).
- Camión marca EICHER, modelo PRO3008G, año de fabricación 2021 (color azul y blanco).
- Minibús marca Toyota, modelo Town ACE, año de fabricación 2019.
El origen del caso: Contrabando en La Penda
Los tres vehículos fueron detectados y flagrados en pleno delito el 4 de julio de 2025 en la comunidad de La Penda, provincia La Vega. En ese momento, eran utilizados para el transporte masivo de cigarrillos de contrabando.
La incautación fue el resultado de un operativo conjunto coordinado por la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público y los miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Un golpe contundente al crimen organizado
Tras la publicación del fallo, el Ministerio Público valoró de forma positiva la decisión del tribunal, asegurando que el dictamen acoge en su totalidad su solicitud de extinción de dominio y robustece la lucha contra las distintas estructuras de la delincuencia organizada.
Sobre la Ley 340-22: Esta legislación tiene como objeto principal la recuperación a favor del Estado de los bienes y activos que hayan sido adquiridos de forma ilícita o mediante actividades del crimen organizado. La norma establece que quedan sujetos a su aplicación todos los bienes ilícitos ubicados en territorio nacional, así como aquellos en el extranjero que puedan ser perseguidos mediante acuerdos de cooperación internacional.
Con este primer precedente, las autoridades judiciales marcan un antes y un después en la persecución de los beneficios económicos derivados del delito en el país.
