El Ministerio Público arrestó a una mujer condenada a seis años de prisión por incurrir en los ilícitos penales de uso de documentos falsos y robo asalariado en perjuicio de una repostería de la provincia Santiago.
La procesada, Belkis Ramírez Mézquita, se entregó en el Palacio de Justicia de Santiago, donde quedó bajo arresto, para la ejecución de la sentencia condenatoria en materia penal.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden judicial de captura y arresto.
Ramírez Mézquita fue condenada en primer grado a una pena de diez (10) años de reclusión por los ilícitos penales de “uso de documentos falsos y robo asalariado”, previstos y sancionados en los artículos 148, 151, 379 y 386-3 del Código Penal dominicano, cometidos en perjuicio de la pastelería, según consta en la sentencia número 371-04-2023-SSEN-00037, del 13 de marzo del 2023, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago.
La encartada recurrió en apelación, siendo modificada la sanción privativa de libertad que le condena a una pena de seis (6) años de reclusión mediante la sentencia 972-2024-SSEN00157, emitida en fecha 16 de diciembre del año 2024, por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago.
Mediante la sentencia número SCJ-SS-25-01657, emitida en fecha 22 de diciembre del año 2025, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se rechazó el recurso de casación presentado por Ramírez Mézquita, por lo que la condena de seis años de prisión se hizo ejecutoria e irrevocable.
El juez Julio César Araujo Díaz, de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, autorizó a la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público y al Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía de Santiago proceder con la captura y arresto de la condenada.
El magistrado Araujo Díaz dispuso que el Ministerio Público proceda a enviar a la condenada, directamente y sin trámite judicial adicional, al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, de Santiago, que es el lugar destinado para el cumplimiento de la pena impuesta.
