SANTO DOMINGO. – La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC) manifestó su firme respaldo a la modificación de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, recientemente aprobada por el Senado de la República. La organización empresarial considera que esta iniciativa es vital para garantizar el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.
Un alivio para el 98.6% de las empresas formales
De acuerdo con los datos presentados por la FDC, los cambios introducidos en el marco legal beneficiarán de manera directa al 98.6% de las empresas formales registradas en la República Dominicana. Esto representa un universo de 285,105 unidades productivas que actualmente se encuentran inscritas tanto en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
La federación destacó que la reforma establece un esquema de contribuciones mucho más equilibrado y justo, adaptado a la realidad económica y operativa de las Mipymes, las cuales constituyen el principal motor en la generación de empleos de la economía nacional.
Justicia constitucional y proporcionalidad económica
Para la FDC, la legislación anterior no tomaba en cuenta la enorme disparidad del tejido empresarial dominicano. Al defender la necesidad de que la carga económica sea proporcional al tamaño de cada empresa, la entidad ofreció cifras reveladoras sobre el mercado local:
- Grandes contribuyentes: En el país existen apenas 74 empresas con volúmenes de ventas anuales situados entre los 1,000 y 2,000 millones de pesos.
- Macroempresas: Solo 69 empresas registran ventas anuales que superan los 2,000 millones de pesos.
«Es sumamente necesario que la carga económica derivada de esta legislación sea proporcional al tamaño y la capacidad de cada empresa, protegiendo a los pequeños comerciantes que no manejan los volúmenes de las grandes corporaciones», señaló la organización.
Llamado de urgencia a la Cámara de Diputados
A pesar de valorar positivamente el paso dado por el Senado, la FDC advirtió que el tiempo apremia. Por esta razón, hicieron un llamado formal y urgente a los honorables diputados para que aprueben el proyecto de ley sin dilación, permitiendo así que el Presidente de la República proceda con su promulgación.
La prisa del sector comercial se debe a un factor de calendario crítico: el plazo para el pago de la contribución voluntaria obligatoria de los Residuos Sólidos vence el próximo martes 30 de junio. La aprobación definitiva de esta modificación antes de dicha fecha es vista por el sector como un paso fundamental para fortalecer la formalización y el crecimiento económico nacional.
