El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) encendió las alarmas ante el Congreso Nacional por la velocidad con la que se pretende aprobar la reforma al marco legal de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Aunque la principal cúpula empresarial del país reafirmó su compromiso con la sostenibilidad ambiental, criticó duramente el uso del procedimiento de urgencia, advirtiendo que la falta de debate técnico y la acumulación de cargas impositivas ponen en jaque la seguridad jurídica y la competitividad nacional.
El peligro de legislar «a la carrera»
Para el CONEP, la facultad constitucional de declarar la urgencia en un proyecto de ley es un recurso legítimo, pero exclusivo para circunstancias excepcionales. Utilizarlo en una reforma que altera drásticamente las reglas del juego económico es, a su juicio, una imprudencia institucional.
La organización empresarial fue enfática al señalar que acelerar los plazos reduce drásticamente los espacios para el análisis técnico y la consulta con los sectores afectados:
«La legitimidad y calidad de las leyes depende de la oportunidad real de estudiar los textos, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados. La estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio constituyen activos esenciales para preservar la confianza y promover la inversión».
Alerta por asfixia económica: Las mismas empresas bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos señalados en el comunicado es el impacto financiero de la propuesta. El CONEP denunció que el proyecto de ley busca concentrar las nuevas cargas económicas sobre el mismo grupo de empresas que ya sostiene el grueso de la recaudación fiscal del país y que, recientemente, asumió un incremento en la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR).
El sector privado argumenta que las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de forma aislada. En ese sentido, detallaron las principales preocupaciones económicas:
- Doble costo: Las empresas afectadas ya asumen de manera privada los costos de la disposición final de los residuos que generan.
- Efecto en cadena: No es un problema exclusivo de las grandes corporaciones; la medida afectará el tejido productivo completo, incluyendo a micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes).
- Pérdida de competitividad: La reiterada concentración de obligaciones tributarias y regulatorias sobre los mismos contribuyentes debilita la capacidad del país para competir internacionalmente.
Conflictos de interés en la gobernanza del Fideicomiso
Además de los componentes económicos y de procedimiento, el CONEP identificó una distorsión política y administrativa preocupante dentro del proyecto de ley. Específicamente, rechazaron la intención de introducir a los propios beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en su proceso de toma de decisiones, lo que rompería el equilibrio de gobernanza y generaría un evidente conflicto de interés.
Un llamado a la prudencia del Congreso
El gremio empresarial concluyó su comunicado con un llamado directo a los legisladores para que detengan la prisa y prioricen el consenso. Manifestaron que las reformas de gran impacto nacional solo son sostenibles si nacen de procesos participativos y con base en evidencia técnica.
«Las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo», sentenció el CONEP, instando a defender el clima de inversión que sostiene la economía del país.
