Red cobraba cerca de 3 millones de pesos chilenos por cada menor trasladado desde Haití a Chile
Dos ciudadanos haitianos quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por integrar una presunta organización dedicada al tráfico ilícito de menores hacia Chile, en un caso que también incluye acusaciones por asociación criminal y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público chileno, los imputados habrían encabezado una estructura que ofrecía el ingreso de niños desde Haití a cambio de aproximadamente **3 millones de pesos chilenos por cada menor**, dinero que era pagado por familiares o personas interesadas en concretar el traslado.
Las autoridades sostienen que la organización operaba mediante un sistema cuidadosamente planificado. El primer paso consistía en contactar a las familias en Haití y ofrecerles la posibilidad de trasladar a los menores hacia Chile bajo la promesa de un proceso migratorio aparentemente regular.
Posteriormente, los integrantes de la red reunían la documentación necesaria para solicitar permisos de ingreso utilizando mecanismos vinculados a procesos de reunificación familiar. Sin embargo, la Fiscalía investiga si en numerosos casos la información presentada era falsa o contenía antecedentes irregulares para facilitar la autorización de viaje.
Una vez obtenidos los permisos, los menores eran trasladados en vuelos hacia territorio chileno, donde eran recibidos por adultos que, según los investigadores, en algunos casos no mantenían vínculos familiares directos con ellos.
La indagatoria también apunta a que el dinero obtenido mediante estos traslados era distribuido entre distintos miembros de la organización y posteriormente ingresado al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su origen, motivo por el cual los imputados enfrentan además cargos por presunto lavado de activos.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía presentó diversos antecedentes recopilados durante la investigación, incluyendo registros financieros, documentos migratorios y otras evidencias que, según el organismo persecutor, demostrarían la existencia de una estructura organizada dedicada al traslado ilegal de menores.
El tribunal consideró que la gravedad de los delitos investigados, junto con el riesgo de fuga y la posibilidad de que los acusados obstaculizaran la investigación, justificaban la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Las diligencias siguen en desarrollo para establecer si existen más personas involucradas en la red y determinar el número total de menores que habrían ingresado a Chile mediante este mecanismo. Asimismo, las autoridades buscan identificar a todos los beneficiarios de la organización y esclarecer el destino de los recursos obtenidos por la operación ilícita.
