El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols , criticó las modificaciones aprobadas por el Congreso a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Pujols aseguró que los nuevos montos de la contribución especial carecen de sustento técnico y podrían afectar la seguridad jurídica y el clima de inversión del país.
Durante una entrevista en El Despertador este martes, Pujols planteó como principal preocupación la ausencia de estudios que justifiquen el incremento de los aportes que deberán realizar las empresas.
«¿Dónde están los estudios técnicos que sustentan ese andamiaje normativo en torno a la contribución especial?», cuestionó el dirigente empresarial.
Recordó que ProCompetencia , en un informe emitido en marzo de 2025, recomendó que cualquier modificación a esa contribución estuviera respaldada por un análisis técnico y una evaluación de costo-beneficio, documentos que, según afirmó, aún no han sido presentados.
Pujols señaló que la recaudación por concepto de la contribución especial ascendió a unos RD$3,000 millones durante 2025 , mientras que con las recientes modificaciones se proyecta captar alrededor de RD$8,000 millones , sin que se haya explicado el criterio utilizado para establecer esa cifra.
«¿Por qué ocho mil millones ? ¿Por qué no tres mil, doce mil o dieciséis mil? ¿Cómo se llega a ese monto?», expresó.
Critica que el cobro siga basado en los ingresos
Otro de los aspectos cuestionados por la AIRD es que la contribución continúa calculándose en función de los ingresos de las empresas y no de la cantidad de residuos que realmente generan.
Pujols sostuvo que este mecanismo resulta injusto, ya que empresas con altos niveles de facturación, pero baja generación de desechos, terminan pagando montos similares a otras que producen mayores volúmenes de residuos.
Indicó que países como España , especialmente la región de Cataluña , utilizan como referencia la cantidad de residuos producidos por cada contribuyente, criterio que, a su juicio, debería adoptarse en República Dominicana.
Advierte sobre nuevas modificaciones
El representante de los industriales afirmó que la forma acelerada en que el proyecto era conocido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hace prever que la legislación volverá a modificarse en el corto plazo.
Asimismo, advirtió que algunos aspectos de la norma podrían incluso ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional , debido a las dudas que genera su estructura jurídica.
Señal de exclusión de instituciones clave
Pujols también criticó que durante el proceso legislativo no fueron consultados el Ministerio de Medio Ambiente ni el fideicomiso DO Sostenible , entidades que tienen responsabilidades directas en la ejecución de la política de gestión de residuos sólidos.
A su entender, esa ausencia limitó el debate técnico sobre una legislación que tendrá importantes implicaciones económicas y ambientales.
Pide estabilidad regulatoria
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD manifestó preocupación por los constantes cambios legales que afectan al sector productivo.
Recordó que la Ley 225-20 fue modificada en diciembre de 2025 y nuevamente apenas seis meses después, situación que, según afirmó, genera incertidumbre para la inversión.
Además, señaló que esos cambios se suman al reciente aumento del Impuesto Sobre la Renta para las grandes empresas, elevando la carga tributaria sobre el sector empresarial.
Reconoce avances, pero insiste en revisar la ley
Pese a sus críticas, Pujols reconoció que la legislación ha permitido avances en la gestión de residuos sólidos, citando proyectos desarrollados en provincias como La Altagracia, Santiago, San Francisco de Macorís y Puerto Plata , donde se han impulsado inversiones para sustituir vertederos a cielo abierto por sistemas más modernos de disposición final.
También respaldó la prohibición progresiva de productos plásticos de un solo uso y de poliestireno expandido (espuma), al considerar que constituye una medida positiva para reducir la contaminación ambiental.
No obstante, insistió en que la reforma debe revisarse para que las contribuciones respondan a criterios técnicos, exista mayor transparencia en el proceso y se garantice un marco regulatorio estable que no afecte la competitividad del país.
