Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó parcialmente el pedimento de un procesado por formar parte de una red de cobro de sobornos integrada por militares y un civil y que fue desmantelada el pasado año.
La fiscal litigante Rosa María Pichardo, quien representó al Ministerio Público en la audiencia presidida por la jueza Yanibet Rivas, explicó que el tribunal rechazó la solicitud de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien pidió la devolución de los efectos que le fueron retenidos mediante allanamiento y que son de importancia para la investigación.
“La jueza consideró que esos efectos podrían ser solicitados en decomiso posteriormente, que ella no estaba en las condiciones de poder fallar la devolución y rechazaba el recurso del imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal”, explicó la representante del Ministerio Público.
Pichardo también precisó que el Ministerio Público no se opuso a que la magistrada Rivas autorizara la devolución al imputado de elementos retenidos que no tienen valor para la investigación.
El civil Fernández Espinal formaba parte de esta red de corrupción que impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Además de Fernández Espinal, el órgano persecutor procesa al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, así como al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También, se les imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
