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Analistas coinciden en que la normativa lejos de simplificar la carga fiscal, la profundizó; piden su revisión inmediata
SANTO DOMINGO — La Ley 30-26, bautizada oficialmente como «Ley de medidas, simplificación fiscal pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional», fue presentada por el Gobierno dominicano como el escudo perfecto frente a la turbulencia económica global. Sin embargo, el veredicto de los principales analistas del país es unánime: en lugar de mitigar la crisis, la encareció; en lugar de simplificar, complicó; y, sobre todo, en lugar de reactivar el crecimiento, lo contuvo.
Un gravamen que se siente en cada transferencia
El cambio más visible de la normativa es el aumento del impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, que pasó de 1.5 por mil (0.0015) a 2.0 por mil (0.002). Aunque el texto legal mantiene exoneraciones para retiros en efectivo, transferencias entre cuentas del mismo titular, consumos con tarjeta de crédito, pagos a la seguridad social y operaciones del propio Estado, el mensaje implícito es claro: usar el sistema financiero formal cuesta más.
Para Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el efecto agregado es inequívoco: «La Ley 30-26… tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas… Vivir y hacer negocios será más caro.» Una advertencia que trasciende el papel: el comerciante que paga impuestos, el profesional que cobra honorarios por transferencia y la pyme que opera bancariamente están, en los hechos,financiando una parte del ajuste.
«Un dinosaurio impositivo»
La crítica más filosa provino del sector empresarial. Andrés Dauhajre hijo llegó a calificar la pieza como «un dinosaurio impositivo», denunciando que, en la práctica, «las grandes empresas pagarían una proporción menor que un pequeño negocio». La observación apunta a uno de los defectos clásicos de los sistemas tributarios regresivos: mientras más pequeña y formal es una empresa, mayor es la carga relativa que soporta.
A ese señalamiento se suma el de Luis Vargas, para quien la ley «es una pieza anti-crecimiento que carece de un diagnóstico de los impuestos… viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo». Una afirmación grave, si se considera que la Estrategia Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de largo plazo del Estado dominicano y tiene, por mandato legal, rango superior a cualquier otra normativa.
El gasto público: el elefante en la sala
Lo que la Ley 30-26 no aborda resulta tan revelador como lo que sí incluye. La economista Ellen Pérez Ducy recordó que, en el último año, «hubo un aumento temporal de precios de hidrocarburos… el PIB creció 4.2%… lo que ha habido es un desbalance fiscal que es estructural». Es decir: el problema no es coyuntural, es de fondo. Y donde no se ha atacado de fondo es en el gasto.
Varios analistas han puesto el dedo en la llaga al comparar el esfuerzo tributario con partidas específicas del presupuesto. La pregunta resulta incómoda: ¿tiene sentido pedirle más al contribuyente mientras el Gobierno destina cerca de RD$11,000 millones a publicidad oficial? La respuesta de los expertos es, en general, no.
Competitividad y bancarización, en jaque
La República Dominicana compite con un puñado de destinos caribeños y centroamericanos por inversión turística, manufactura ligera y servicios. Cualquier aumento en el costo de hacer negocios afecta directamente esa ecuación. Los analistas coinciden en que la Ley 30-26 reduce la capacidad del país para atraer capital y retener a las empresas que ya operan en su territorio, en un momento en que la región ofrece alternativas cada vez más agresivas.
Además, el aumento del costo de las transacciones bancarias podría empujar a una parte de la economía de vuelta a la informalidad, precisamente lo contrario de lo que cualquier política seria de bancarización debería perseguir.
¿Qué proponen los expertos?
El consenso entre los economistas consultados es claro:
- Revisión inmediata de la Ley 30-26, como parte de una transformación tributaria más amplia.
- Control del gasto público, antes que nuevos esfuerzos recaudatorios.
- Reformas que mejoren la competitividad, no que la erosionen.
- Un diagnóstico serio del sistema impositivo, con datos actualizados y participación de los sectores productivos.
Epílogo
La Ley 30-26 nació con un nombre largo y una promesa más larga aún: simplificar, crecer y proteger. En la práctica, terminó siendo leída por el mercado y por los hogares como un gravamen adicional, sin un diagnóstico creíble ni un plan de contención del gasto que la respalde. La crisis internacional que decía mitigar sigue ahí; lo que sí cambió, según los expertos, es el bolsillo de la gente.
Fuente base: Plan anticrisis del Gobierno impacta el bolsillo de la gente, de Cándida Acosta — Listín Diario (8 de julio de 2026).
