La entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto, hace necesaria la capacitación tanto de los futuros juristas como de los abogados que ya ejercen la profesión, afirmó el exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra.
Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el jurista expresó que, aunque jueces y fiscales han recibido capacitación sobre la nueva legislación, la mayoría de los abogados aún desconoce el contenido de las reformas.
«No creo que la mayoría de los abogados conozca en detalle el nuevo Código que entrará en vigencia», manifestó.
Ante esa realidad, Moscoso Segarra consideró indispensable realizar una reforma curricular en las facultades de Derecho de las universidades, con el objetivo de adecuar el pensum a las nuevas disposiciones del derecho penal.
A su juicio, la actualización académica debe garantizar que los estudiantes adquieran conocimientos acordes con la legislación que comenzará a aplicarse en el país.
Asimismo, sostuvo que este proceso debe desarrollarse de manera conjunta entre las universidades, el Colegio de Abogados de la República Dominicana y las demás instituciones vinculadas al sistema de justicia.
El exjuez recordó que, cuando fue implementado el Código Procesal Penal, se otorgó un período de vacatio legis de dos años, durante el cual se impartieron diplomados y jornadas de capacitación a jueces, fiscales, abogados e incluso periodistas para facilitar la aplicación de la nueva normativa.
En ese sentido, insistió en que el nuevo Código Penal requiere un esfuerzo similar para garantizar su correcta implementación.
Advierten sobre el aumento de las multas
Durante el mismo encuentro, el juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez, señaló que el nuevo Código Penal no solo incorpora nuevas conductas punibles, sino que también contempla un incremento significativo de las sanciones económicas.
Indicó que las multas establecidas en la nueva legislación van desde 50 salarios mínimos del sector público, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Báez también cuestionó el endurecimiento de algunas penas y afirmó que «el populismo penal es peor que el COVID y que el sida», al considerar que existe una tendencia internacional a incrementar las sanciones más por presión social que por criterios técnicos del derecho penal.
