“Yo soy el más interesado en tener la garantía de que cuando salga del Gobierno en el 2028 pueda expresarme libremente”, afirmó el presidente Luis Abinader al rechazar de forma categórica que las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento busquen imponer una «ley mordaza» o restringir las libertades públicas.
Durante una entrevista concedida al Grupo de Comunicaciones Corripio, el mandatario informó que el Poder Ejecutivo depositó el pasado viernes en el Congreso Nacional un conjunto de modificaciones consensuadas para ambas piezas legislativas. El objetivo central, según explicó, es encontrar un equilibrio justo entre el derecho constitucional a la libre expresión y la protección del honor, la intimidad y la dignidad de los ciudadanos frente a los nuevos desafíos que plantea el uso y abuso de las redes sociales y los medios convencionales.
Abinader subrayó su compromiso con el sistema democrático y recordó que el país ha ocupado el primer y segundo lugar en el Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa durante tres años consecutivos. En ese sentido, defendió que las críticas y las denuncias ciudadanas son fundamentales para el fortalecimiento institucional. “Lo que más me ayuda son las críticas, especialmente cuando denuncian problemas o posibles actos de corrupción. Eso siempre lo hemos querido incentivar”, sostuvo el jefe de Estado, al tiempo que recordó la reforma constitucional que impulsó para evitar que «ningún caudillo» intente establecerse de manera indefinida en el poder.
Al abordar los cuestionamientos a la Ley de Expresión, el presidente aclaró que el proyecto fue redactado íntegramente por una comisión integrada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), comunicadores y especialistas, bajo la coordinación del entonces jurista y actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Rodríguez. El gobernante enfatizó que el Ejecutivo respetó el texto original sin introducir cambios: “A esa ley también le pusieron un sobrenombre, cuando yo no le puse ni una coma”.
Respecto al Código Penal, que acumuló 15 años de debates en el Congreso antes de su aprobación definitiva hace 11 meses, Abinader explicó que el Gobierno dedicó cinco semanas a discutir los ajustes con diferentes sectores antes de que venza el período de vacatio legis el próximo 3 de agosto. El mandatario asumió un “mea culpa” compartido con la sociedad civil por no haber iniciado estas discusiones inmediatamente después de la aprobación de la ley, pero aseguró que los cambios validados por la mayoría se aprobarán a tiempo.
Finalmente, el presidente defendió su método de gobernanza basado en la construcción de consensos a través del Consejo Económico y Social y el diálogo directo con la oposición, citando como ejemplo las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la postura ante las Naciones Unidas sobre la crisis de Haití. Con la propuesta depositada, concluyó, se logra un punto medio que protege tanto la difusión del pensamiento como la honra de las personas.
