El director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, indicó que la institución pretende modificar la estructura de los comprobantes fiscales de consumidor final, luego de detectar prácticas que permiten ocultar parte de las ventas y evadir el pago de impuestos.
Afirmó que, aunque la institución no dispone de un monto específico sobre los recursos que el Estado deja de percibir cada año por evasión o incumplimiento tributario, precisó que estos niveles rondan el 50% de la actividad comercial de la entidad.
En ese sentido, señaló que el uso irregular de los comprobantes fiscales de consumidor final figura entre los mecanismos que actualmente facilitan la evasión y anunció que la institución trabaja en modificar su estructura para hacerlos identificables y fortalecer el control sobre las operaciones comerciales.
«Si consumen mil comprobantes, cuando yo vaya a revisar tienen que aparecer los mil de ese día. Pero si encuentro doscientos, entonces se están rodando ochocientos para después», afirmó Urrutia.
Además, el funcionario explicó que la DGII ha detectado establecimientos que emiten comprobantes, pero no los reportan en su totalidad el mismo día, permitiendo reutilizarlos posteriormente para ocultar parte de sus ventas.
Asimismo, Urrutia identificó otros dos renglones de los principales mecanismos que actualmente concentran los esfuerzos de fiscalización de la DGII. El primero corresponde a las transacciones realizadas en efectivo, las cuales, según explicó, continúan siendo frecuentes en distintos sectores económicos y dificultan la trazabilidad de las operaciones.
“Estamos detectando muchas transacciones en efectivo. Eso es muy peligroso porque normalmente viene de cosas ilícitas”, sostuvo.
El segundo está relacionado con pagos efectuados mediante bienes u objetos de valor, en lugar de dinero, una modalidad que la institución también mantiene bajo seguimiento.
“Hay mucha gente que transa cosas y el medio de pago, en vez de ser dinero, es un objeto”, indicó.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el conversatorio “Plan Anticrisis: Convirtiendo la Ley 30-26 en decisiones”, organizado por la Corporación Zona Franca Santiago en el auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La actividad reunió a empresarios, ejecutivos, asesores fiscales y representantes de distintos sectores productivos para analizar los alcances de la Ley.
A la actividad también asistieron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), además de representantes del sector empresarial y otras instituciones vinculadas al ámbito tributario y productivo del país.
análisis oportuno
El presidente de la Corporación de la Zona Franca Santiago, Miguel Lama, afirmó que las grandes transformaciones se construyen a partir del análisis oportuno y de la capacidad de tomar decisiones informadas.
«Promovemos este tipo de conversatorios convencidos de que acercar a las instituciones públicas y al sector empresarial facilita la comprensión de los cambios normativos y genera un entorno más favorable para el crecimiento de nuestras empresas», expresó Lama.
Además, Lama resaltó la reciente incorporación del parque a la red de la World Trade Centers Association. Con este importante hito, el recinto se convierte en la primera zona franca de Centroamérica y el Caribe, y la cuarta de América Latina, en integrarse a esta prestigiosa organización internacional.
