La Defensoría del Pueblo inició las investigaciones sobre el caso del anciano Epifanio Castro Del Carmen, de 93 años, enfermo terminal, quien cumple condena de cinco años en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata por una pelea con otro anciano de 85, ocurrida hace siete años.
Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, encargó a Jesús de los Santos las gestiones para variar el estatus del nonagenario, quien padece Alzheimer, usa sonda, sufre demencia senil y se encuentra desorientado y desnutrido, entre otras complicaciones.
El funcionario asignado por la Defensoría se comunicó con el representante legal del interno, el abogado Henry López, con el fin de conocer los detalles del caso, continuar el levantamiento de información y avanzar en las gestiones para variar el estatus del prevenido.
La gestión surge tras el revuelo e indignación que ha provocado el caso, revelado por el programa El Show del Mediodía y difundido por este diario, generando una ola de solidaridad en torno a la suerte del anciano, quien no puede valerse por sí mismo y es asistido por otro interno.
En torno al caso, el productor de televisión Iván Ruiz informó que conversó con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reinoso, quien le prometió investigar la situación.
Epifanio Castro Del Carmen fue sentenciado a cinco años de prisión, de los cuales dos correspondían a prisión domiciliaria, de la que ya cumplió uno.
Alternativas legales
Para ordenar la libertad de Epifanio Castro existe el artículo 453 del Código Procesal Penal, cuyo párrafo VIII establece la obligación de los jueces de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, conforme a la Constitución de la República.
El párrafo V agrega que el juez de ejecución de la pena controla el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, según los informes recibidos, y los transmite al juez competente para su revocación o para la declaración de la extinción de la acción penal.
El artículo 454, sobre control, establece que el juez de ejecución de la pena tiene competencia para controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias, velar por el respeto de los derechos del condenado y resolver las cuestiones que se susciten durante la ejecución.
Otra vía disponible es el indulto presidencial, facultad que recae exclusivamente en el presidente Luis Abinader.
Marco institucional
El Defensor del Pueblo en la República Dominicana está instituido por la Ley No. 19-01, promulgada el 1 de febrero de 2001, y refrendado por los artículos 190-192 de la Constitución.
Esta figura opera como una autoridad independiente con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, encargada de salvaguardar los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos ante abusos de la administración pública o de los prestadores de servicios públicos.
