“Mientras no vea un resultado de esto, no me siento bien…”, dijo ayer el padre de Miguel Antonio Valenzuela, quien junto con sus abogados y una comisión de los Derechos Humanos, depositaran una instancia en la Procuraduría General solicitando el esclarecimiento de la muerte de su vástago.
Una representación del grupo que aseguró, “ buscan justicia, no venganza”, fue recibida por el procurador adjunto Pedro Frías, quien le habría garantizado la disposición y la voluntad del Ministerio Público de aclarar la confusa situación surgida a raíz de dos informes médicos que certifican causa de muerte diferentes.
De acuerdo a Loyda Peña en el periodico HOY, Se trata del informe preliminar del Inacif, que dice que Valenzuela falleció a causa de leptospirosis; y otro de los Laboratorios Amadita, que certifica que tenía dengue. Dos afecciones totalmente diferentes.
“Nos dijeron que nos vayamos confiados en que saldrá la verdad. Nosotros no buscamos venganza, no le estamos adjudicando el hecho a nadie, nosotros lo que queremos es que los responsables paguen por el hecho”, dijo la abogada Fior Elena Campusano, quien junto a Carlos Rodríguez, son los representantes legales de la familia del fallecido.
Valenzuela, de 43 años de edad, fue arrestado el miércoles 8 de julio por alegada venta ilegal de lotería, y llevado al Destamento 17 de la Policía en San Cristóbal, donde permaneció por 5 dìas.
El lunes 13 fue llevado al Juzgado de Paz Ordinario donde se le conoció medida de coerción. El MP solicitó prisión preventiva, pero la jueza, al notar la grave situación de salud del prevenido, lo dejó en libertad condicionada a presentación periódica por 6 meses.
El mismo día fue trasladado al Hospital Juan Pablo Pina e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde horas más tarde murió.
Su padre, Angel Lucas Maldonado, dijo que su hijo estaba sano, por lo que no puede creer que haya fallecido de repente.
Los coordinadores de los derechos Humanos para la región Sur, Carlos Manuel Sánchez, Díaz, Jonathan Báez y Wellington de los Santos Lucas, exigieron que el caso de Valenzuela “marque un hito en la jurisprudencia penal dominicana”, obligando al MP a ejercer una fiscalización real y diaria en las cárceles preventivas para erradicar la práctica de tortura.
“La comunidad civil espera que se ponga freno a la sobrepoblación en los destacamentos, donde en celdas diseñadas para 20 personas , encierran hasta a 100”, dijeron.
