En una respuesta frente a la coyuntura comercial con los Estados Unidos, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, el cual prohíbe formalmente la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso y crea un mecanismo administrativo para investigar y bloquear dichos productos en las fronteras dominicanas.
La disposición presidencial fue firmada a solo horas de que comience a aplicarse —a las 12:01 a. m. de este viernes— el arancel adicional del 12.5 % impuesto por la administración estadounidense a las importaciones procedentes de la República Dominicana. El país quedó ubicado en el grupo gravado con la tasa más alta de este esquema sancionatorio, el cual castiga a las naciones que, a juicio de Washington, carecen de controles eficaces para impedir el comercio de bienes hechos con mano de obra forzada.
Coincidencia clave y alcance del Decreto 502-26
Mientras EE. UU. concluyó que la República Dominicana no contaba con una prohibición suficiente sobre estos bienes, el Gobierno dominicano respondió el mismo día creando el marco regulatorio requerido. Aunque la norma difícilmente detendrá la entrada en vigor del impuesto esta madrugada, constituye una señal contundente de alineamiento normativo que podría fortalecer la posición dominicana en futuras revisiones.
Entre los puntos principales del Decreto 502-26 destacan:
- Poderes para Aduanas: Faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a investigar, retener preventivamente y prohibir el ingreso de mercancías bajo sospecha.
- Evaluación técnica: Establece al Ministerio de Trabajo como el órgano técnico encargado de evaluar individualmente cada caso.
- Transparencia corporativa: Obliga a los importadores a suministrar información detallada sobre la trazabilidad de sus cadenas de suministro.
- Registro y debido proceso: Crea un registro público de productos prohibidos y garantiza el derecho de defensa de los afectados a través de procedimientos administrativos.
- Sustento legal e internacional: En sus considerandos, fundamenta la medida en los compromisos del DR-CAFTA y el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país en 1956.
Reacciones del sector industrial y exportador
La promulgación del decreto y el nuevo escenario arancelario generaron inmediatas reacciones en el sector productivo nacional:
- Asociación de Industrias (AIRD): Su vicepresidente ejecutivo, Mario Pujols, favoreció el fortalecimiento institucional y señaló que la competitividad internacional ya no depende solo de precio y calidad, sino de la solidez del marco regulatorio y la trazabilidad de la producción. Destacó la necesidad de una estrategia nacional para mantener la confianza de los socios comerciales.
- Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo): Manifestó su preocupación por la incertidumbre que producen las variaciones en las reglas del comercio global, aunque confió en que los diálogos técnicos mantengan condiciones favorables para los productos dominicanos.
Diálogo bilateral en curso
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, confirmó que las conversaciones con las autoridades estadounidenses se mantienen activas para lograr una reducción en la tasa impuesta.
«Nuestras conversaciones con los Estados Unidos continúan, y entendemos que al final de este proceso quedaremos en que en el país no hay trabajo forzoso, y que la medida de los Estados Unidos no está dirigida hacia el país. Es una política global que nuestro principal socio comercial está aplicando y que irá estableciendo las especificaciones con cada país.»
— Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
