El proceso judicial contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, llega a un punto decisivo este jueves 30, fecha límite para que el Ministerio Público presente formalmente la acusación u otro requerimiento conclusivo en su contra y la de nueve imputados adicionales.
Quiénes deben actuar y ante quién
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), junto a la Dirección de Persecución del Ministerio Público, tiene la obligación de depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. Será ella quien apodere al tribunal que eventualmente conocerá el juicio preliminar contra los acusados.
Qué pasa si el plazo se vence sin acusación
La ley no deja este escenario sin respuesta. Según el artículo 151 del Código Procesal Penal, si el Ministerio Público no cumple, el juez de control de las investigaciones está facultado para intimar directamente a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en su condición de superior jerárquico de los fiscales investigadores, así como a los abogados que representan al Estado. A partir de ahí, tendrían un plazo común de quince días para presentar su requerimiento.
La consecuencia de no actuar dentro de ese nuevo plazo es contundente: el juez estaría obligado a declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.
Un mecanismo para evitar procesos eternos
Este artículo 151 no es un simple formalismo. Funciona como un mecanismo de control diseñado para impedir que las investigaciones se prolonguen de manera indefinida sin que el Ministerio Público tome una decisión concreta. Adicionalmente, la normativa establece que el vencimiento de estos plazos puede generar responsabilidad civil y personal por mal desempeño del fiscal a cargo, y que cualquier resolución que intime al ministerio público debe notificarse de forma simultánea al Procurador General de la República.
El juez que tiene la decisión en sus manos
Quien determinará si se otorga o no un plazo adicional es el juez de control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Coincidentemente, ese mismo jueves tiene programada la revisión obligatoria de la medida de coerción de los imputados que actualmente cumplen prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.
De presentarse la acusación formal antes del jueves, el juez se desapoderaría del expediente, remitiéndolo a la jueza coordinadora para que asigne un tribunal que conozca el juicio preliminar de fondo.
Quiénes están señalados en el expediente
Además de Santiago Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.
También aparecen en la lista Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa. Esa colaboración con la justicia les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
El monto del presunto fraude y los cargos
Se acusa al grupo de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones. De acuerdo con el Ministerio Público, la trama operó entre 2020 y 2025, afectando directamente al sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que enfrentan incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, y falsificación y uso de documentos falsos.
El caso continúa abierto
El Ministerio Público ha sido claro en que este expediente no está cerrado. Más allá de quienes ya guardan prisión, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación por su presunta vinculación con el esquema.
