El Ministerio Público reiteró este lunes que resulta jurídicamente improcedente la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, al señalar que dicho pedimento ya ha sido rechazado anteriormente en el proceso.
La postura fue expresada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien sostuvo que el caso deberá ser conocido en un juicio de fondo.
Fundamentos sobre los plazos procesales
Ortiz explicó que la contabilización de los plazos procesales no responde a un criterio puramente matemático, sino que debe evaluarse en función de la magnitud y complejidad del caso, de acuerdo con los criterios del plazo razonable establecidos en el artículo 146 del Código Procesal Penal y en las decisiones del Tribunal Constitucional.
Asimismo, la representante de la Pepca indicó que durante la audiencia la defensa pretendió ampliar el tiempo de exposición asignado para presentar sus conclusiones escritas, pedimento que fue objetado por el órgano acusador.
Decisiones del tribunal y aplazamiento
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, acogió el criterio del Ministerio Público y mantuvo la restricción de dos horas previamente otorgada a la defensa para la presentación de su incidente.
Al término de la jornada, alrededor de las 4:30 de la tarde, el tribunal dispuso el aplazamiento de la audiencia para el miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El equipo acusador del Ministerio Público estuvo integrado por la procuradora Mirna Ortiz, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, y los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
Alcance de la acusación
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, a Rodríguez Sánchez se le imputa la presunta malversación de más de RD$6,000 millones mediante procesos irregulares durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.
En el proceso también figuran como imputados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los encartados enfrentan cargos por presunta corrupción, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
