El Grupo Choroni, empresa promotora del proyecto Everest Tower, aclaró hoy que los tres actos administrativos anulados recientemente por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fueron redactados, revisados y expedidos por la propia Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) durante la actual gestión municipal de la alcaldesa Carolina Mejía.
En respuesta a la difusión pública de la sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00280, dictada el pasado 9 de julio, la desarrolladora sostuvo que la autoridad municipal omitió revelar que fue su propia Dirección de Planeamiento Urbano la que evaluó, aprobó y renovó los permisos del proyecto en 2020, 2022 y 2023.
El doctor Julio Cury, abogado del Grupo Choroni, afirmó que la entidad municipal «se dio un tiro en el pie» al recurrir ante el TSA mediante una acción de lesividad para solicitar la anulación de sus propios actos.
«Grupo Choroni se limitó a solicitar y recibir de las actuales autoridades las aprobaciones necesarias para desarrollar el proyecto. Si esos certificados resultaban incompatibles con su normativa interna, correspondía a la propia alcaldía advertirlo antes de aprobarlos, pues nadie más que ella los tramitó, revisó, selló y expidió», sostuvo el jurista.
Cury remarcó que la empresa actuó amparada en la presunción de legalidad de los permisos recibidos y advirtió sobre el impacto del proceder municipal sobre inversiones de gran escala. «Anular tres años seguidos de sus propias decisiones, lejos de ser motivo de celebración, es una derrota institucional, por lo que, antes de apretar el gatillo contra un proyecto en el que se han invertido cientos de millones de pesos, el ente local debió cerciorarse dónde tenía puesto el pie», apuntó.
La decisión no es firme
Respecto al estado del proceso, el Grupo Choroni enfatizó que el fallo del TSA no representa el cierre del litigio, ya que no goza de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El equipo legal de la promotora confirmó que la decisión fue recurrida en casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, acompañando la acción con una demanda en suspensión de ejecución. Cury concluyó que resulta prematuro exhibir la sentencia como el desenlace definitivo del caso, indicando que el debate legal apenas comienza su curso en la alta corte.
