Las autoridades migratorias dominicanas informaron que hasta la fecha se ha ejecutado la salida de más de 226,500 extranjeros que permanecían en el país de manera irregular, cifra que equivale a un promedio cercano a las 1,000 personas expulsadas cada día. El dato fue revelado por el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, durante un encuentro de trabajo sostenido este miércoles con el Observatorio de Políticas Migratorias (OPM).
El encuentro, que constituyó la primera jornada de campo del organismo, fue liderado por su presidente y director de Listín Diario, Miguel Franjul, y reunió a integrantes de la Comisión Ejecutiva y el Comité Técnico del OPM junto a la cúpula de la Dirección General de Migración (DGM).
Redes de tráfico humano bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la revelación de que, a través de labores de inteligencia y contrainteligencia migratoria, se ha logrado identificar la existencia de organizaciones binacionales que operan de forma coordinada entre territorio haitiano y dominicano para introducir personas de manera ilegal al país. Estas redes, según explicó el funcionario, cuentan con rutas ya definidas y patrones de movimiento tanto a pie como en vehículos, con destino final frecuente en la ciudad de Santiago.
Como resultado de ese trabajo de inteligencia, se han apresado unas 15 personas señaladas de operar como cabecillas o guías de estas organizaciones, quienes actualmente están siendo investigadas.
«La peor crisis migratoria desde la Independencia»
Lee Ballester fue enfático al describir la magnitud del fenómeno actual, asegurando que República Dominicana atraviesa el momento más crítico en materia migratoria desde su época de Independencia, como consecuencia directa de la crisis de seguridad que vive Haití por la expansión territorial de las bandas armadas.
Explicó que la situación comenzó a agravarse en 2018, tuvo un respiro relativo, y volvió a intensificarse a partir de 2021 tras el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moise. Desde ese momento, dijo, el control de las bandas se ha expandido de forma sostenida, provocando el desplazamiento masivo de población haitiana y presionando los intentos de cruce irregular hacia territorio dominicano.
Despliegue en la frontera y en todo el país
El funcionario detalló que la DGM mantiene presencia permanente en las cinco provincias fronterizas —Dajabón, Elías Piña, Monte Cristi, Jimaní y Pedernales— además de operar en la zona Este, el Gran Santo Domingo y el Cibao, con despliegue de personal en las 32 provincias del país.
Las personas interceptadas en los operativos son trasladadas a centros de procesamiento ubicados en Higuey, Haina, Santiago y Elías Piña. Se anunció además que próximamente entrará en funcionamiento el centro de Jimaní, mientras se trabaja en la estructuración de un fideicomiso para levantar uno similar en Pedernales.
Para dimensionar el ritmo de trabajo, el director recordó que durante el año pasado la institución había ejecutado 380,000 deportaciones, y que paralelamente se registran retornos voluntarios de haitianos que optan por regresar a su país con sus pertenencias.
Persecución de malas prácticas dentro de la institución
La DGM también ha reforzado su marco de control interno. Lee Ballester señaló que se ha logrado una coordinación con el Ministerio Público para actuar contra agentes migratorios que incurran en violaciones al código ético institucional o a las leyes de migración, trabajo que se ha coordinado directamente con la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Persecución, Wilson Camacho. Según indicó, ya se han aplicado medidas de coerción en varios de estos casos.
Más agentes y mayor presupuesto
En cuanto al recurso humano, el director informó que actualmente se encuentran en formación 164 nuevos agentes de interdicción migratoria en la región norte, quienes se graduarán el próximo domingo, mientras avanza el reclutamiento de unos 300 agentes adicionales para la zona de Santo Domingo. Estos se sumarán al cuerpo ya existente de 1,195 agentes formados.
En materia financiera, la institución recibió un incremento presupuestario de 2,000 millones de pesos por parte del Gobierno, lo que eleva su presupuesto general a 5,000 millones de pesos. Con esos recursos se planea licitar 60 nuevos camiones y una cantidad similar de camionetas, unidades que incluirán condiciones sanitarias para dignificar el proceso de deportación. Asimismo, se informó sobre la dotación de pistolas eléctricas a los agentes y sobre la fase final de evaluación de un sistema de reconocimiento facial, además del uso de una plataforma de inteligencia artificial de Google para validar la identidad de las personas detenidas.
