Un nuevo fallecimiento ocurrido en el centro de rehabilitación clandestino «La Gloria es de Dios», ubicado en el distrito municipal de Boca de Yuma, vuelve a encender las alarmas sobre la falta de regulación, el uso de métodos violentos y las violaciones a los derechos humanos en las instalaciones destinadas al tratamiento de adicciones y salud mental en la República Dominicana.
El hecho, sacado a la luz por una investigación de Nuria Piera, involucra la muerte de Luis René Contreras Martínez, de 42 años y nativo de La Vega, quien falleció el pasado 10 de julio en la referida entidad, propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, conocido como «El Rescatador».
Este caso trasciende apenas dos meses después de que el mismo espacio periodístico denunciara la muerte del joven Kelvin Alexander Mateo (de 24 años) en la «Fundación Ejército de Dios» en La Romana, hecho que motivó al Ministerio de Salud Pública a iniciar supervisiones a través de la Dirección General de Habilitaciones.
Denuncias de agresión y un controvertido video
Aunque el centro «La Gloria es de Dios» inició el proceso de regulación a raíz de los reportajes anteriores, el Ministerio de Salud Pública aún no le ha otorgado la habilitación operativa tras devolver los planos técnicos por presentar observaciones.
Según el informe preliminar de la Policía Nacional, las cámaras de vigilancia de la habitación muestran que el paciente se encontraba acostado en la parte superior de un camarote de dos niveles cuando perdió el equilibrio, cayó al pavimento e impactó su cabeza contra el suelo, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico sin que se apreciara la intervención directa de terceros en el instante del impacto.
Sin embargo, fuentes anónimas e internos del recinto enviaron denuncias y videos donde alertan que, previo al desenlace, el paciente habría sido víctima de agresiones físicas. «Lo estaban ahorcando, le machacaban los genitales… y el que hable lo van a mandar a matar», señala una de las denuncias recibidas por el equipo de investigación.
Familiares del fallecido que revisaron la grabación afirmaron que Contreras Martínez cayó prácticamente sin reflejos, como si hubiera perdido el conocimiento o las fuerzas antes de desplomarse. Dicha versión contrasta con las imágenes de su captura el día anterior, donde se le observaba con suficiente fuerza física para resistirse intensamente al grupo que lo introdujo por la fuerza a un vehículo.
¿Quién era la víctima?
Pese a que semanas antes de su muerte se hizo viral en las redes sociales un video grabado dentro de una instalación donde el paciente se identificaba como un ciudadano venezolano llamado «Luis», sus familiares aclararon que era oriundo de La Vega y que dichas afirmaciones derivaban de alucinaciones y padecimientos psiquiátricos complejos por el consumo de sustancias.
Contreras Martínez había pasado por múltiples programas de rehabilitación a lo largo de su vida (incluyendo Hogar Crea y centros cristianos) e incluso logró mantenerse sobrio durante seis años, periodo en el que se casó y procreó dos hijos. No obstante, sufrió una recaída que lo llevó a vivir en la calle durante los últimos tres meses.
Falta de respuestas y un problema sistémico
Al ser consultado sobre el fallecimiento y las denuncias de violencia dentro del establecimiento, Juan Carlos Martínez Guerrero («El Rescatador») declinó ofrecer declaraciones a la prensa manifestando: «Lo siento, tendría que hablar con los familiares de él». Sin embargo, la investigación periodística precisó que el ingreso involuntario del paciente al centro se ejecutó sin la autorización previa de sus parientes.
El caso se encuentra a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y las pruebas toxicológicas del Ministerio Público para determinar si la caída fue la causa directa del deceso o el resultado de un colapso inducido por agresiones, sedación o negligencia médica. De comprobarse omisiones graves en la custodia, las autoridades podrían formular cargos por homicidio involuntario u otros delitos penales.
Esta nueva tragedia evidencia las deficiencias del sistema público de salud mental en la República Dominicana, donde la escasez de centros estatales acreditados fomenta el florecimiento de espacios informales que retienen personas de manera involuntaria, cobrando altas sumas de dinero sin cumplir con los estándares técnicos y legales requeridos.
