La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) expresó su valoración sobre la entrada en vigencia de la Ley 74-25, normativa que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, al considerar que la legislación actualiza el marco jurídico nacional e introduce nuevas herramientas para la prevención y sanción de la corrupción administrativa.
Según lo expuesto por la organización, la nueva legislación amplía los mecanismos legales para la persecución de conductas que afecten el patrimonio estatal, estableciendo responsabilidades para funcionarios públicos, así como para personas físicas y jurídicas implicadas en delitos contra la administración pública.
Principales aspectos resaltados por la entidad
Entre las tipificaciones y ajustes normativos incorporados en el código, ADOCCO señaló el fortalecimiento de figuras penales como:
- Corrupción pública, concusión y cohecho (activo y pasivo).
- Tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
- Conflicto de intereses y sobrevaluación en contrataciones públicas.
- Malversación de fondos públicos y peculado.
Estas infracciones contemplan sanciones que incluyen el decomiso de bienes y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, la entidad destacó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida que aplica al sector empresarial cuando las organizaciones no dispongan de sistemas de prevención y control. En este ámbito, la organización indicó que los programas de cumplimiento normativo (compliance) pasan a constituir un recurso para la gestión de riesgos legales e integridad corporativa.
La organización refirió además que el cuerpo legal incluye disposiciones para sancionar conductas como la intimidación a funcionarios y el ultraje en el ámbito jurisdiccional, orientadas a la protección de la administración pública y el sistema de justicia.
Implementación y actividades anunciadas
ADOCCO señaló que la efectividad de la legislación estará sujeta a una aplicación objetiva e independiente y al fortalecimiento de los órganos de investigación. En esa línea, la entidad respaldó la creación de una comisión técnica encargada de evaluar la aplicación práctica del código para identificar posibles mejoras operativas.
Como parte de sus acciones de difusión, la organización informó la realización del I Seminario Nacional «Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción», pautado para el mes de septiembre de 2026 en Santo Domingo. La actividad abordará la responsabilidad de las personas jurídicas, los programas de compliance, la libertad de expresión y los mecanismos de sanción establecidos en la Ley 74-25.
