Un tribunal impuso una condena de 30 años de prisión contra un hombre señalado de matar a una pareja de esposos y de herir gravemente a otras dos personas, en un hecho ocurrido en la provincia Santiago Rodríguez en el año 2022. La sentencia, además de la pena privativa de libertad, obliga al condenado a pagar una indemnización millonaria a las víctimas y a los familiares de los fallecidos.
Carlos Juan Rodríguez García fue declarado culpable de causar la muerte de los esposos Juan de los Santos Peralta Barrientos y Marielis Anabel Vargas Villalona, además de provocar lesiones de gravedad a Erlin Alberto Gómez Rodríguez y Eduar de Jesús Espinal Fernández.
Una indemnización de RD$18 millones
Según informa Noticias SIN, el fallo también establece que el condenado deberá pagar RD$18 millones como indemnización a los sobrevivientes y a los familiares de quienes perdieron la vida en el ataque.
De acuerdo con la fiscal investigadora Maura Gómez, los hechos se registraron el 7 de junio de 2022, aproximadamente a las 11:20 de la noche, en un negocio de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la carretera que conecta a San Ignacio de Sabaneta con Villa Los Almácigos.
Un ataque con arma ilegal
El expediente judicial detalla que el hoy condenado abrió fuego contra las víctimas utilizando un arma tipo pistola, marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, la cual portaba de forma ilegal. Como consecuencia del ataque, los esposos Peralta Barrientos y Vargas Villalona murieron en el lugar, mientras que Gómez Rodríguez y Espinal Fernández resultaron heridos de bala.
El acusado fue capturado en flagrancia por miembros de la Policía Nacional, quienes le ocuparon el arma presuntamente utilizada para cometer el crimen.
Las pruebas que sustentaron el juicio
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Denis Guzmán y Eduardo Velázquez, encargados de presentar la acusación formal y las pruebas que comprometieron penalmente al procesado.
El tribunal, integrado por las juezas Dayanara Peralta (presidenta), Risel Peña Morel y Norma Zapata, valoró como pruebas videos de las cámaras de seguridad del establecimiento donde ocurrió el hecho, actas de levantamiento de los cadáveres y los informes de autopsia emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). También se tomaron en cuenta los testimonios de testigos, de las víctimas presenciales y de los oficiales que actuaron en el caso.
Base legal de la condena
La decisión judicial se sustenta en los artículos 295, 296, 297 y 309 del Código Penal Dominicano, que tipifican el asesinato y las heridas provocadas a terceros, así como en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que castigan la posesión y el porte ilegal de armas de fuego.
La procuradora de corte Sumaya Rodríguez, titular de la Fiscalía de Santiago Rodríguez, destacó que este fallo representa un precedente firme en la lucha contra la violencia y la criminalidad en esa provincia. Por su parte, los representantes del Ministerio Público Miguel Ramos y Eduardo Velázquez acompañaron a la Fiscalía de Santiago Rodríguez a lo largo de todo el proceso, hasta el litigio final del caso.
