La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) expresó su rechazo a la decisión del Consejo del Poder Judicial de aprobar un incremento en las remuneraciones y beneficios de sus integrantes durante el período para el cual fueron designados, al considerar que dicha medida podría contravenir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República.
La organización recordó que el referido artículo establece de manera expresa que:
«Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.»
A juicio de ADOCCO, este mandato constitucional constituye una garantía de transparencia, ética pública y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, al impedir que quienes ejercen funciones de dirección en los órganos públicos adopten decisiones que les generen beneficios económicos durante el mismo período de su designación.
La entidad sostuvo que el principio contenido en el artículo 140 no admite excepciones derivadas de decisiones administrativas o reglamentarias, por tratarse de una prohibición de rango constitucional dirigida a todas las instituciones públicas y entidades autónomas que administran fondos públicos.
En ese sentido, ADOCCO exhortó al Consejo del Poder Judicial a revisar la decisión adoptada y dejarla sin efecto, en observancia del principio de supremacía constitucional y del deber de todas las autoridades públicas de ajustar sus actuaciones al texto y espíritu de la Constitución.
La organización advirtió que, de mantenerse vigente una decisión contraria al artículo 140 de la Constitución, correspondería a los órganos competentes determinar las responsabilidades constitucionales y legales que pudieran derivarse de esa actuación, incluyendo, cuando proceda y conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes, la activación de los mecanismos de control político e institucional previstos en el ordenamiento jurídico.
ADOCCO reiteró que el fortalecimiento de la independencia judicial debe ir acompañado del más estricto respeto a la Constitución, la legalidad y los principios de rendición de cuentas, recordando que la confianza ciudadana en las instituciones se construye mediante el cumplimiento ejemplar de las normas por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrarlas.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, al tiempo que exhortó a todas las instituciones del Estado a observar con estricto apego los límites y principios establecidos por la Constitución de la República.
