El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de Aurelio Valdez Alcántara, exfiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), imputado por solicitar un soborno a un investigado vinculado al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa y ser arrestado tras recibir US$10,000 en una entrega controlada.
Depósito de la acusación y peticiones judiciales
El acto conclusivo fue depositado ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por una comisión integrada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Manuel Camacho; y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
En la instancia, el órgano acusador solicitó formalmente a la corte:
- Audiencia preliminar: Fijar la fecha para la vista donde se conocerá la acusación.
- Admisión de pruebas: Admitir en su totalidad los elementos probatorios por ser relevantes, útiles y obtenidos conforme a la ley.
- Medidas de coerción y cautelares: Mantener la prisión preventiva contra Valdez Alcántara (Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001) y sostener el embargo e inmovilización de sus bienes.
El esquema de extorsión: De US$200,000 a un Rolex
Según la investigación, Valdez Alcántara aprovechó su posición en la Pepca dentro del caso que indaga el desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). En diciembre pasado, tras interrogar a una de las personas vinculadas al proceso, le solicitó su contacto personal para escribirle por WhatsApp.
Posteriormente, mediante mensajes intimidatorios, le propuso «ayudarlo» en el caso a cambio de US$200,000. Tras negociaciones, redujo la exigencia a US$150,000, además de mostrar interés en un reloj marca Rolex y requerir un automóvil Mercedes Benz.
Arresto y calificación jurídica
El entramado colapsó en marzo pasado, cuando la víctima acordó la entrega de un adelanto de US$10,000 en un operativo bajo control judicial que culminó con el arresto del fiscal. En mayo se le dictó prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida ratificada en julio y cuya próxima revisión obligatoria está fijada para el 3 de septiembre.
El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara de violar los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, así como múltiples artículos de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
