La Policía Nacional deberá pagar RD$2,845,000 a Dulce María Lora Solís, viuda del exgeneral José Antonio Feliciano Castillo, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) determinara que la institución continuó sin ejecutar una sentencia relacionada con el reconocimiento del rango y la pensión del fallecido oficial.
El monto fue establecido mediante la Sentencia TC/0736/26 y corresponde a la acumulación de una astreinte de RD$5,000 diarios por el período de incumplimiento computado hasta el 29 de enero de 2026.
La penalidad tiene su origen en la Sentencia TC/0103/22, mediante la cual el Constitucional dispuso que la Policía Nacional debía hacer efectiva una decisión administrativa que se remontaba al año 2007.
Las multas ya superan los RD$6.4 millones
El nuevo pago no es el primero que enfrenta la institución por este caso. En junio de 2025, el TC había establecido una primera liquidación de RD$3,610,000, mediante la Sentencia TC/0364/25.
Aquella cantidad correspondía a un período anterior de incumplimiento, mientras que los RD$2,845,000 establecidos ahora abarcan días posteriores que no habían sido incluidos en el primer cálculo.
Al sumar ambas liquidaciones, las penalidades impuestas hasta el momento alcanzan RD$6,455,000.
La cifra incluso podría aumentar si persiste el incumplimiento y posteriormente son reclamados otros períodos que no hayan sido contabilizados.
Una disputa que comenzó en 2007
El origen del conflicto se remonta al 1 de marzo de 2007, cuando una disposición de la Policía Nacional estableció el ascenso de José Antonio Feliciano Castillo al rango de general de brigada y su colocación en retiro efectivo.
Sin embargo, el expediente judicial establece que quedaron pendientes aspectos relacionados con el reconocimiento efectivo de ese rango y la correspondiente adecuación de su pensión.
Feliciano Castillo llevó el caso ante la justicia. Después de que su reclamación fuera rechazada inicialmente por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el proceso llegó hasta el Tribunal Constitucional.
En abril de 2022, el TC acogió el recurso y ordenó a la Policía Nacional reconocer el retiro del oficial con el rango de general de brigada, reajustar su pensión conforme a esa categoría y pagar las diferencias económicas dejadas de recibir.
Esos valores retroactivos debían calcularse desde el 1 de marzo de 2007 hasta el 18 de septiembre de 2019.
La institución recibió un plazo de 30 días para cumplir. Una vez vencido ese período, comenzaría a aplicarse una astreinte de RD$5,000 por cada día de retraso.
El exgeneral murió antes de completarse el proceso
José Antonio Feliciano Castillo falleció sin que, conforme a lo expuesto en el expediente, se hubiera ejecutado completamente lo dispuesto por la alta corte.
Su viuda, Dulce María Lora Solís, continuó reclamando el cumplimiento de la decisión y en julio de 2024 solicitó por primera vez que se calculara la penalidad acumulada.
Ese procedimiento terminó con la liquidación de RD$3.61 millones establecida en 2025.
Posteriormente, al considerar que el incumplimiento persistía, Lora Solís volvió ante el Constitucional y presentó una segunda solicitud el 29 de enero de 2026, reclamando el cálculo correspondiente a los días que habían transcurrido después del período anteriormente liquidado.
La multa puede seguir acumulándose
El Tribunal Constitucional dejó establecido que pueden realizarse nuevas liquidaciones cuando una institución continúa sin ejecutar lo dispuesto en una sentencia.
Esto no significa cobrar dos veces por un mismo período. Cada liquidación debe corresponder exclusivamente a nuevos días de incumplimiento que no hayan sido incluidos en cálculos anteriores.
La alta corte también recordó que la astreinte no constituye una indemnización por daños y perjuicios. Se trata de una medida económica de presión destinada a lograr que quien está obligado por una decisión judicial finalmente la cumpla.
