Santo Domingo. El Ministerio Público mantiene un equipo multidisciplinario trabajando bajo jornadas extraordinarias en el análisis de más de 16,800 cajas de documentos incautadas en un reciente allanamiento vinculado al fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Así lo revelaron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, durante un encuentro institucional con el periodista José Monegro, director del periódico El Día en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Durante el diálogo —en el que estuvieron acompañados por procuradores adjuntos y directores de distintas áreas estratégicas— los titulares del órgano acusador explicaron que la investigación en torno a SeNaSa abarca millones de transacciones y diversas estructuras delictivas, proyectando el desarrollo de fases posteriores conocidas preliminarmente como «SeNaSa 2.0» y «SeNaSa 3.0».
Detención de evidencias y rigor en el caso SeNaSa
Al abordar el nivel de avance de las indagatorias sobre las irregularidades en la aseguradora estatal, Wilson Camacho detalló que el entramado corrupto operaba a través de múltiples esquemas paralelos. Entre ellos se identifican la estructura atribuida a Santiago Hazim, el esquema vinculado a Ángel Luis Guzmán y la ramificación detectada en el Instituto Oncológico de Santiago, procesos que ya cuentan con expedientes judicializados o en fase de fortalecimiento.
«En una diligencia reciente ocupamos 16,800 cajas de documentos que nuestro equipo analiza minuciosamente para definir la participación de otros implicados. Procesar este volumen de información requiere tiempo, motivo por el cual solicitamos la prórroga legal de cuatro meses otorgada por el tribunal», precisó Camacho.
Por su parte, la magistrada Reynoso enfatizó que el Ministerio Público no acostumbra a revelar fechas de operativos por razones estrictas de estrategia e inteligencia procesal. Asimismo, reaccionó a las críticas de sectores de la defensa técnica asegurando que los expedientes presentados por la institución están plenamente «blindados».
«Nuestras investigaciones no son secretas, están colgadas en el portal web de la institución. Llevamos más de RD$9,000 millones de pesos decomisados y decenas de personas han admitido culpabilidad y devuelto bienes sustraídos al Estado. El Ministerio Público no trabaja con argumentos que no se sostengan en pruebas», aseveró la Procuradora General.
Radiografía del impacto de la persecución penal
| Eje de Gestión / Indicador | Cifra / Dato Relevante |
|---|---|
| Operaciones de alto impacto (desde 2020) | 37 operaciones contra el crimen organizado y corrupción. |
| Bienes y fondos decomisados | Más de RD$ 9,000 millones en activos recuperados. |
| Servicio de Atención a Víctimas (Relevi) | 37 oficinas a nivel nacional con más de 140 abogados especializados. |
| Denuncias por contaminación sónica (Gran Santo Domingo) | +82,000 denuncias en lo que va de año (27,000 concentradas los domingos). |
| Población penitenciaria censada (Catastro) | ~30,000 privados de libertad con registro biométrico (98.5 % completado). |
Ciberdelincuencia, «criptolavado» y la Operación Domo
En materia de crimen organizado, Reynoso destacó que la cibercriminalidad representa el delito de mayor crecimiento en el país, señalando que el 95 % de los involucrados en delitos informáticos son jóvenes menores de 35 años.
El Ministerio Público ha desarrollado investigaciones pioneras reconocidas internacionalmente, como las distintas fases de la Operación Discovery —que desmanteló redes multinacionales de extorsión con perfilaría tecnológica— y la Operación Domo, enfocada en la piratería de contenidos digitales.
En el caso de la Operación Domo, el órgano acusador descubrió una red dedicada al robo de señales de streaming que movilizó más de 20 millones de dólares, reinsertando las ganancias en el sistema financiero a través de criptomonedas.
Ante este escenario, el Ministerio Público ha establecido alianzas estratégicas con firmas internacionales como Chainalysis para capacitar a los fiscales en la trazabilidad de la cadena de bloques (blockchain) y el combate al criptolavado.
Conflictividad social y propuesta de un «Pacto de Estado»
Uno de los puntos centrales expuestos por la Procuradora General fue el alarmante incremento de los homicidios y agresiones motivados por la conflictividad social, los cuales han sobrepasado el 70 % de los casos registrados durante los meses de julio y agosto.
Entre las variables que alimentan este flagelo, Reynoso citó:
- Contaminación sónica: Tan solo en el Gran Santo Domingo se han registrado más de 82,000 denuncias en el sistema de emergencias 911 en lo que va de año.
- Violencia de género e intrafamiliar: Durante 2025 se recibieron más de 73,000 denuncias por violencia de género o sexual y 26,000 por amenazas de muerte.
- Falta de cultura de conciliación: Discusiones por estacionamientos, ruidos molestos o montos insignificantes que derivan en tragedia.
Frente a esta radiografía, Yeni Berenice Reynoso hizo un llamado nacional para concertar un Pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad.
«Esto requiere una mirada holística de Estado donde participen las empresas, iglesias, partidos políticos, la academia, medios de comunicación y juntas de vecinos. No es un tema exclusivo del Gobierno o del sistema de justicia; es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto», sostuvo.
Innovación institucional: Relevi y el Catastro Penitenciario
En el ámbito de las reformas estructurales dentro del Ministerio Público, la reunión sirvió para presentar los avances en la asistencia a grupos vulnerables y la sistematización del sistema carcelario:
- Servicio Legal de Representación de Víctimas (Relevi): Dirigido por la magistrada María Rosalva Díaz, garantiza asistencia legal gratuita en los 37 distritos judiciales del país con más de 140 juristas con formación en victimología.
- Reforma procesal y derechos: La modificación al Código Procesal Penal aprobada en diciembre de 2025 consagró un catálogo de 25 derechos fundamentales para las víctimas, complementado con un anteproyecto de ley de protección a testigos depositado en el Congreso Nacional.
- Primer Catastro Penitenciario: Desarrollado al 98.5 % de su ejecución y con fecha de entrega pautada para el 30 de agosto, este sistema recopila los datos biométricos, la glosa procesal escaneada y el plan de tratamiento de cerca de 30,000 privados de libertad, constituyéndose en una herramienta pionera en Iberoamérica que será compartida con el Ministerio de Justicia.
Caso Haina y valoración del cuerpo policial
Al ser consultada sobre las investigaciones relacionadas con la sustracción de 270 kilogramos de cocaína en Haina —caso en el que se vincula a oficiales de distinto rango—, Reynoso confirmó que las indagatorias iniciadas en junio se encuentran en una fase avanzada a cargo de un equipo especializado, manteniendo la reserva de los detalles para no afectar el debido proceso.
Finalmente, la Procuradora analizó la interacción entre los agentes de la Policía Nacional y la ciudadanía. Tras recordar que el cuerpo del orden realiza más de 600,000 operativos semanales, ponderó los avances tecnológicos de la institución, destacando la digitalización de órdenes de arresto en tiempo real, la efectividad de la División de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (DICRIM), la unidad cibernética (DICAC) y el alto nivel técnico de la Policía Científica.
