El Ministerio Público reitero la contundencia del acervo probatorio acumulado en la acusación por corrupción administrativa contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y compartes. La acusación, considerada una de las más complejas y extensas en la historia judicial dominicana, contempla 34 líneas de imputación que documentan el desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano.
Según el órgano persecutor, la acusación demuestra la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez Sánchez.
“Bajo la dirección del principal acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se orquestó una conducta criminal planificada y sustained”, sostuvo el Ministerio Público. “Utilizando la institucionalidad como instrumento, la red persiguió dos objetivos constantes: la acumulación de riqueza ilícita mediante la sustracción de fondos públicos y la construcción de una carrera política, llegando al extremo de destruir archivos institucionales”.
La magnitud de los actos ilícitos abarca desde sobornos, falsificación y extorsión, hasta sabotaje informático y el uso de testaferros. A continuación se resumen los ejes y líneas de investigación documentados en la acusación:
1. Fraude Institucional, Contrataciones y Falsificación
- Comité de Compras y Contrataciones: Manipulación y falsificación de decenas de actas del comité para defraudar, desfalcar y extorsionar en los procesos de licitación.
- Maniobras documentales: Falsificación y superposición digital de firmas y sellos para simular sesiones institucionales que nunca se realizaron.
- Destrucción masiva de archivos: Trituración sistemática de documentos públicos de compras ejecutada en julio y agosto de 2020 para ocultar pruebas.
- Fraccionamiento de licitaciones: Subdivisión de compras para eludir licitaciones públicas y canalizar el cobro de sobornos.
2. Estafas en Servicios Públicos, Penitenciarios y Sanidad
- Suministro de alimentos: Esquema fraudulento en la provisión de comida para recintos penitenciarios y centros de menores —que afectó a más de 27,000 privados de libertad— operado a través de empresas controladas por Rolando Rafael Sebelén, cuñado del principal acusado.
- Plan de Humanización Penitenciaria: Cobro millonario de sobornos en efectivo y mediante empresas contratistas a cambio de la adjudicación de obras (incluyendo el CCR La Nueva Victoria).
- Laboratorio de ADN del Inacif: Falsedad y sobornos en la compra de equipos inservibles, generando pérdidas millonarias al Estado.
- Sobrenivelación en antropología forense: Manipulación de informes técnicos en compras para el Inacif financiadas con cooperación internacional.
- Monopolio de impresiones y transporte: Creación de necesidades ficticias para monopolizar servicios de impresión (Caso ACBS Servicios) y simulación de contratos de alquiler de vehículos.
3. Financiamiento Ilícito, Granja de Bots y Nómina Ficticia
- Uso de la PGR y CEI-RD para fines políticos: Desvío de presupuesto, nóminas e instalaciones para la campaña del Movimiento Político Renovación.
- Estructura de acoso y «Granja de Bots»: Creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para campañas de proselitismo y descrédito hacia periodistas y líderes de opinión.
- Cobro a empleados fantasmas («botellas»): Contratación de personal a los que se obligaba a devolver entre el 85% y el 90% de su salario para financiar la granja de bots.
- Asesores internacionales y de imagen: Contratación irregular y pagos en efectivo o transferencias a consultores extranjeros (los denominados «Los Tequilas») y empresas de comunicación para promocionar la figura del exfuncionario y gestionar crisis de imagen bajo el pretexto de capacitaciones.
4. Lavado de Activos, Desfalco y Bienes de Lujo
- Bienes inmuebles y embarcaciones: Compra y equipamiento fraudulento de una villa en Casa de Campo, un yate y un local de oficinas valorado en más de RD$60,000,000.00 con fondos procedentes de sobornos.
- Lavado mediante testaferros: Compra en efectivo (US$1,268,500) de la sede del Movimiento Renovación a nombre de prestanombres, así como el uso de decenas de empresas fachada.
- Desfalco con bienes incautados: Subastas fraudulentas, retención ilegal de bienes decomisados, emisión de cheques sin sustento en la Unidad de Custodia y explotación personal de inmuebles y maquinarias.
- Fraude inmobiliario y desvío de armas: Compraventa sobrevaluada de solares para adquirir apartamentos privados, junto a la sustracción y uso irregular de armas de fuego incautadas.
- Enriquecimiento ilícito: Ocultamiento masivo de activos (obras de arte, inmuebles, embarcaciones) en las declaraciones juradas de patrimonio.
5. Sabotaje Informático y Obstrucción a la Justicia
- Eliminación de datos: Borrado de bases de datos institucionales, uso de software de espionaje y simulación de ataques de ransomware.
- Obstrucción masiva: Destrucción deliberada de pruebas y documentos con el fin de entorpecer la persecución penal y favorecer a organizaciones criminales.
Compromiso con la Sanción y la Recuperación
El Ministerio Público concluyó ratificando su compromiso inquebrantable de obtener condenas ejemplares ante los tribunales de la República contra esta red de corrupción. Asimismo, garantizó que mantendrá las acciones necesarias para asegurar la restitución de los recursos sustraídos y resarcir el daño económico, institucional y moral causado al Estado dominicano.
