La investigadora Magdalena Piña Dirocié advirtió sobre los supuestos riesgos que contiene el nuevo anteproyecto de ley que busca reformar el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), señalando que la propuesta contempla la redefinición del concepto de familia, la adopción de niños por prarte de homosexuales, la restricción de la patria potestad de los padres y una excesiva injerencia de organismos internacionales.
Durante su intervención en el programa Aquí Hablamos Claro, conducido por la comunicadora Damaris Patrocinio, la especialista alertó que la iniciativa —coordinada por la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y entidades internacionales como UNICEF y World Vision— no busca una simple reforma, sino la imposición de un código completamente nuevo.
Comparativa y Alcance de la Propuesta Legislativa
Según lo expuesto por Piña Dirocié, el proyecto en elaboración eleva de manera drástica el volumen normativo en comparación con la legislación vigente y otros marcos jurídicos de la nación:
| Marco Normativo | Cantidad de Artículos |
| Código Penal Dominicano (Vigente) | 393 artículos |
| Ley 136-03 (Código del Menor Actual) | 484 artículos |
| Nuevo Anteproyecto de Ley del Menor | 770 artículos |
«Estamos hablando de un texto que casi duplica la cantidad de artículos del Código Penal actual. Más que una reforma a una ley que ha sido buena, se está intentando imponer una legislación globalista con una abierta injerencia de organismos internacionales como UNICEF en asuntos de soberanía nacional», afirmó Piña Dirocié.
Articulado cuestionado y sus implicaciones legales
La investigadora desglosó los puntos que, a su juicio, representan los mayores riesgos normativos e ideológicos dentro del borrador legislativo:
1. Cláusulas lingüísticas y estatus migratorio (Artículo 14)
El texto estipula la prohibición de discriminación por idioma, identidad cultural o situación migratoria. Piña Dirocié argumentó que establecer garantías lingüísticas es innecesario en un país donde el español es el único idioma oficial, interpretando que la medida busca justificar la adecuación del sistema educativo público a poblaciones extranjeras en situación irregular, desplazando a los estudiantes dominicanos de escasos recursos.
2. Restricción de la patria potestad (Artículo 15)
Al definir la libertad de los menores y supeditar cualquier restricción parental a lo dispuesto estrictamente por la ley, la doctora sostuvo que el Estado busca erigirse en el tutor supremo de los niños. A su entender, esto limita la capacidad de los padres para corregir, guiar y criar a sus hijos según sus propios valores, bajo la premisa estatal implícita de que el núcleo familiar representa un entorno de riesgo.
3. Redefinición de la familia (Artículos 82 y 83)
El proyecto sustituye la noción tradicional de matrimonio por la de «familias compuestas por uno o más núcleos familiares que conviven con personas sin vínculo de parentesco, unidas por relaciones estables de solidaridad». Piña Dirocié advirtió que la eliminación del término «matrimonio» y la sustitución por «parejas o uniones de hecho» vulnera el Artículo 55 de la Constitución Dominicana, abriendo la vía legal al reconocimiento de familias homoparentales.
4. Adopción por parejas del mismo sexo (Artículo 197)
El articulado propuesto permite que parejas en unión de hecho, tanto dominicanas como extranjeras, adopten a niños dominicanos. La especialista señaló que, al aceptar las uniones de hecho constituidas conforme a la legislación del país de origen de los solicitantes, el Estado dominicano estaría facultando la adopción por parte de matrimonios o parejas del mismo sexo provenientes del exterior.
Alerta sobre la educación sexual integral y derechos reproductivos
En el plano sanitario y educativo, Magdalena Piña Dirocié denunció que el proyecto promueve los denominados «derechos sexuales y reproductivos» en adolescentes de entre 12 y 17 años. Sostuvo que, bajo el amparo de la Educación Sexual Integral (ESI), se enseña a los menores a ejercer la autonomía sexual y otorgar «consentimiento», lo que en la práctica diluye las barreras legales frente al estupro y el abuso infantil.
La doctora concluyó haciendo un llamado a la sociedad civil y a los legisladores en el Congreso Nacional para frenar la aprobación de la iniciativa cuando sea sometida formalmente, advirtiendo que de prosperar en las cámaras legislativas, la normativa enfrentará recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
