El Ministerio Público informó que solicitará una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra los implicados en la red de presunta corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Cobra, la cual operaba en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La audiencia para conocer esta solicitud estaba pautada para este miércoles en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Sin embargo, el juez Deybi Timoteo Peguero dispuso el aplazamiento de la vista para el próximo 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados de la defensa.
El titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, quien encabezó el equipo litigante del órgano acusador, indicó a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que el Ministerio Público estaba listo para justificar la necesidad de la extensión del plazo.
Camacho explicó que la complejidad del caso requiere mayor tiempo de investigación. “La prórroga se justifica porque (…) en un interrogatorio de este caso uno de los imputados dijo al Ministerio Público que en SeNaSa la corrupción era la norma”, señaló el procurador adjunto.
Asimismo, precisó que se mantienen avanzando en las indagatorias sobre tres estructuras que afectaron a la institución y adelantó que, una vez la investigación cumpla su ciclo, habrá nuevas imputaciones y otras personas involucradas.
Durante la jornada, el tribunal también conoció una solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa técnica de la imputada Ada Ledesma. El juzgado determinó mantener el arresto domiciliario, dictando únicamente una reducción en el pago de la garantía económica, decisión que no fue objetada por el Ministerio Público.
Antecedentes del proceso judicial
El caso tiene como principal imputado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa. El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción ratificó la medida de 18 meses de prisión preventiva impuesta en diciembre de 2025 contra Hazim Albainy y los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Bajo la misma medida de prisión preventiva se encuentra Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción le ratificó la coerción el pasado 30 de julio.
Por su parte, los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella cumplen medidas consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país. Ada Ledesma también cumple arresto domiciliario tras una variación de medida otorgada el pasado 16 de julio por motivos de salud.
Cargos imputados
De acuerdo con el expediente estructurado a partir de la Operación Cobra, el grupo habría defraudado a la administradora de riesgos de salud estatal con miles de millones de pesos.
Al entramado se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que se trató de un esquema de corrupción sistemático que incluyó sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y la creación de programas especiales sin sustento jurídico para la distracción de fondos públicos en asociación con prestadores de servicios de salud.
El equipo del órgano acusador estuvo integrado, además de Camacho, por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña, adscritos a la Dirección General de Persecución y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
