Un proyecto de ley busca vetar que ciudadanos extranjeros, ya sea personas físicas o empresas, puedan adquirir terrenos o inmuebles dentro de lo que se llamaría la «zona de seguridad fronteriza». La iniciativa también alcanzaría a las empresas dominicanas con socios extranjeros: si un socio criollo quisiera vender o ceder sus acciones, no podría traspasarlas a manos foráneas.
La propuesta, conocida como el Régimen Jurídico de la Propiedad de las Tierras Fronterizas, fue presentada el 18 de agosto de 2022 por el senador Yván Lorenzo, representante de Elías Piña por el PLD. El proyecto ya había sido sometido antes y perdió vigencia en la legislatura anterior sin ser aprobado.
Qué dice exactamente el texto
Según el artículo 39 del proyecto, los inmuebles privados dentro de la zona fronteriza solo podrían transferirse —ya sea vendidos o donados— a personas dominicanas, siempre que el título de propiedad esté debidamente registrado.
El mismo artículo aclara que ni las personas extranjeras ni las empresas foráneas podrían adquirir propiedades ahí bajo ninguna modalidad, salvo que el Poder Ejecutivo autorice una concesión o arrendamiento por decreto presidencial, y solo cuando exista de por medio un interés público o social.
Hay una salvedad para las empresas dominicanas: si sus acciones son nominativas y pertenecen a socios criollos que no puedan cederlas a extranjeros, sí podrían comprar terrenos fronterizos, pero únicamente para proyectos de desarrollo sostenible.
Por otro lado, el artículo 40 prohibiría que una misma propiedad se extienda a ambos lados de la línea fronteriza cuando eso comprometa la soberanía nacional, y exige que ese tipo de terrenos queden formalmente delimitados y registrados a nombre del Estado dominicano.
Tres franjas de territorio
El proyecto divide el territorio fronterizo en tres franjas distintas. Las dos primeras —zona de desarrollo e integración, y zona de protección— cubrirían desde la línea fronteriza hasta 25 kilómetros hacia adentro del país, y necesitarían aprobación presidencial. La tercera, la zona de seguridad propiamente dicha (donde aplicarían las restricciones más estrictas), abarcaría solo los primeros 5 kilómetros desde la frontera.
La justificación del senador
Lorenzo sostiene que más del 80% de los terrenos en la franja fronteriza no tienen título de propiedad formal, por lo que insiste en que el Estado debe emprender un plan de titulación en toda esa zona de 25 kilómetros. Su argumento central es que, sin un marco legal más estricto, ciudadanos haitianos podrían terminar adquiriendo con facilidad propiedades que hoy son de dominicanos, aprovechando que estos últimos suelen tener menos poder adquisitivo.
Cuando se le preguntó si esta ley podría desincentivar la inversión extranjera, el senador fue tajante: para él, la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier otra consideración económica.
Lo que ya existe en la zona
La franja fronteriza ya cuenta con algunos mecanismos legales pensados para atraer inversión. El Fideicomiso Pro Pedernales, por ejemplo, busca impulsar proyectos turísticos en Cabo Rojo, a unos 20 kilómetros de la frontera. Además, las leyes 28-01 y 12-21 crearon la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que incluye a Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, con incentivos y exenciones fiscales para quienes inviertan ahí. Para julio de 2022 se reportaba que más de 70 empresas habían mostrado interés en esa zona.
Según indica Yamalie Rosario en Diario Libre, el proyecto de ley aún estaba en fase de propuesta al momento de la publicación original.
